BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) - Puigdemont en un mensaje de móvil: Moncloa triunfa, esto se ha terminado, los nuestros nos han sacrificado El juez afirma que el 'procés' se financió con recursos del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) El líder de ERC, Oriol Junqueras; el líder del PDeCAT en el Parlament, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, han llevado este jueves su situación de encarcelamiento al Grupo de Trabajo contra la Detención Arbitraria de Naciones Unidas para reivindicar su liberación. Lo ha anunciado en rueda de prensa desde Londres el abogado británico especialista en derecho internacional y derechos humanos Ben Emmerson, que considera que estas detenciones vulneran derechos fundamentales y espera que la ONU "tome todas las medidas necesarias para presionar el Estado español para que estas personas no estén detenidas". Emmerson fue el abogado de Maria Litvinenko --la mujer del exagente ruso Alexander Litvinenko, muerto el año 2000 tras ser envenenado-- y también de Moazzam Begg, ciudadano británico encarcelado en Guantánamo seis meses acusado de terrorismo en la guerra civil de Siria. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, creado en 1991 y con más de 600 dictámenes, es un mecanismo impulsado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que expertos investigan detenciones que puedan atentar contra tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El abogado ha defendido que esas detenciones son una "afrenta a los derechos humanos" porque vulneran varios preceptos: la libertad de asociación, la de expresión y la de participación en la vida pública, y le ha llevado a concluir que es una clara discriminación por motivos políticos. Emmerson ha defendido que Escocia celebró un referéndum sobre su independencia que el Gobierno del Reino Unido aceptó, en vez de "encarcelar a toda la dirección del SNP", el Partido Nacionalista Escocés que gobierna Escocia y pilotó la votación. Ha asegurado que los cargos de rebelión y sedición que pesan contra los detenidos son "cargos criminales insostenibles", que los encarcelados son personas pacíficas, y ha dicho que España no está actuando en este tema como cualquier país democrático de Europa. Emmerson es partidario del derecho de autodeterminación, pero ha advertido de que la causa en la que ahora trabaja no es sobre la independencia, sino sobre obtener "la reacción de la ONU para que ésta deje claro que los gobiernos no pueden reprimir a la disidencia política". Emmerson ha explicado que la admisión a trámite del caso por parte de Naciones Unidas no es automática sino que el Grupo de Trabajo decidirá si hay suficientes pruebas para abordar el caso, pero él ha presentado toda la documentación a su alcance y es "optimista" para que se tramite. Si acepta el caso, el Grupo de Trabajo debería pronunciarse en "cuestión de semanas o meses, pero no años", y la decisión no será vinculante para la justicia española pero sí debería servir para dar dimensión internacional a una situación de injusticia, según Emmerson. Si el Grupo de Trabajo diera la razón a los demandantes, el siguiente paso podría ser acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, y la decisión de este tribunal sí sería "vinculante" para España, ha recordado. Entre los representados de Emmerson no figura el exconseller cesado Joaquim Forn (PDeCAT), el cuarto dirigente soberanista encausado que está en la cárcel: el abogado ha dicho que es una "decisión personal". Emmerson ha añadido que prevé visitar a sus tres representados en la cárcel y que no actúa en nombre de Carles Puigdemont, porque tiene "un equipo legal absolutamente diferente" y porque sus circunstancias no son las mismas --contra él pesa una orden de detención en España, pero vive en Bélgica sin causas judiciales en aquel país--.