El Parlament aprueba la ley de garantía de cajeros en municipios y barrios que enviará al Congreso

Quiere combatir la exclusión financiera tras el "cierre constante de oficinas bancarias"

BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha aprobado este miércoles la proposición de ley, que firman ERC, Junts, CUP y comuns, de garantía de los servicios de cajero automático en los municipios y barrios en riesgo de exclusión financiera y de garantía en el acceso a servicios bancarios, que prevé enviar a la Mesa del Congreso de los Diputados.

La proposición de ley, que han apoyado todos los grupos menos Vox, busca combatir la exclusión "derivada del cierre constante y persistente de oficinas bancarias" y garantizar que todos los ciudadanos tengan un cajero automático disponible en su municipio.

En el texto final se incluyen los barrios en riesgo de exclusión bancaria, entendidos como la "subdivisión de una ciudad, villa o pueblo con identidad propia y con reconocimiento administrativo municipal y un mínimo de 5.000 habitantes sin servicios bancarios", tras prosperar la enmienda del PSC --con el sí de socialistas, CUP, comuns, Cs y el PP, el 'no' de Vox y la abstención de ERC y Junts-- que pedía incluir esta definición junto con la de municipios.

También se solicita que el cierre físico de oficinas bancarias no implique el cierre de sus cajeros externos, que se incremente el personal de apoyo para personas "con menores capacidades digitales para realizar las operativas necesarias", así como reservar cajeros para el uso exclusivo de personas vulnerables.

El conseller de Economía, Jaume Giró, ha celebrado que los grupos hayan apoyado esta proposición para beneficiar a las personas en riesgo de exclusión financiera, pero dice que siente "decepción y tristeza por no poder poner hilo a la aguja porque ni la aguja ni el hilo están en manos" del Govern, en referencia a que es competencia del Estado.

DEBATE

El diputado del PSC-Units Jordi Riba cree que esta proposición es positiva para abordar la exclusión financiera en municipios pequeños --algo que cree que es "equiparable" a barrios de grandes ciudades-- y ha pedido garantizar una atención personalizada, tecnologías de acceso sencillas y seguridad en los servicios bancarios.

Por Vox, Andrés Bello ha insistido en que el Estado es el competente en materia bancaria y tiene "obligaciones de resolver este problema para mejorar la calidad de vida", además ha recordado que los grupos proponentes tienen representación en el Congreso, por lo que cree que sería más adecuado que la proposición se debatiera allí.

La 'cupaire' Eullia Reguant ha afeado que, frente a la exclusión financiera que viven un total de 502 municipios catalanes, la banca privada en 2021 tuvo 19.000 millones de euros en beneficios, y ha asegurado que el cierre de entidades tiene un "sesgo de clase, ya que se cierra en barrios más empobrecidos y municipios con menos habitantes".

Joan Carles Gallego (comuns) ha aprobado las enmiendas del PSC, ya que a su juicio mejoran el texto, y defiende que el objetivo es poner los servicios bancarios a disposición de la ciudadanía para evitar la exclusión, "pero dejando claro que no puede ser a costa del presupuesto público, porque es obligación de las entidades".

Joan García (Cs) ha avanzado su voto favorable aunque se esté tramitando una iniciativa similar en el Congreso, por lo que cree que no servirá de nada un debate que "posiblemente lo único que busca es que algunos puedan decir a sus alcaldes y gobiernos locales que están trabajando en un problema de la ciudadanía, cuando no se está trabajando ni haciendo nada".

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha defendido que el sistema bancario debe garantizar sus servicios a la ciudadanía para devolver a la sociedad las ventajas estructurales con las que cuenta, y ha replicado a Bello que esta iniciativa no representa una invasión de competencias: "Por una vez que hacen algo legal, no nos pongamos tiquismiquis. Entra en el ámbito competencial".

Desde Junts, Jordi Munell ha advertido de que la falta de acceso a cajeros y servicios bancarios genera desigualdad de oportunidades para habitantes y empresas de municipios que no disponen de ellos, algo que ha ejemplificado con diversos casos de vecinos de localidades sin "el servicio básico esencial que es un cajero o una oficina bancaria abierta".

El republicano Josep Lluís Salvadó ha sostenido que una ley estatal debería fijar una prestaciones mínimas de carácter obligatorio: "La garantía del acceso a los servicios financieros no se puede dejar en manos de las propias entidades financieras, que son las que están provocando el problema; hay que intervenir desde las administraciones públicas, legislando".