El Parlament aprueba prorrogar el tramo superior del impuesto al patrimonio para el ejercicio 2024

PSC, Comuns y CUP votan a favor, Junts y ERC se abstienen y PP, Vox y AC votan en contra

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlament ha validado este miércoles el decreto ley de medidas urgentes en el ámbito del impuesto sobre el patrimonio que prorroga la vigencia del tramo que grava a las grandes fortunas en Catalunya para el ejercicio 2024.

Ha recibido el voto favorable de PSC-Units, Comuns y CUP, la abstención de Junts y ERC, y la oposición de VOX, PP y AC.

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha defendido el decreto como una herramienta para que la recaudación del último tramo del impuesto de aquellas personas que tienen más de 20 millones de euros de patrimonio "se quede en Catalunya".

El decreto prorroga la vigencia del nuevo tramo de impuesto que grava a las grandes fortunas mientras se mantenga Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) aprobado por el Gobierno central, una medida con vigencia limitada a los ejercicios de 2022 y 2023 que se ha aprobado prorrogar para el ejercicio 2024.

En 2022, el Govern incorporó una nueva tarifa para los patrimonios de más de 20 millones de euros con un tipo marginal del 3,48%, con el objetivo de que "la cuota meritada por los contribuyentes residentes en Catalunya por el nuevo impuesto estatal se quede en Catalunya".

"TOQUE DE ATENCIÓN"

El diputado de Junts Antoni Castellà ha criticado que el formato de aprobación haya sido un decreto ley, y aunque ha definido el impuesto como injusto, ha dicho que no han votado en contra porque como Catalunya "no tiene un modelo justo de financiación, justo y soberano", si no se aprobara se deberían compensar las cuentas de la Generalitat de otra forma.

ERC ha justificado no votar a favor de la medida como un toque de atención al Govern: "Hagan una reflexión sobre hacia dónde quieren ir y con qué mayoría. Si quieren que nosotros estemos, cumplimiento de los acuerdos, defensa del país y rectificar estos despropósitos", ha dicho su diputado Albert Salvador, en referencia a la integración de la Guardia Civil y la Policía Nacional al servicio de emergencias de Catalunya.

CRÍTICAS AL IMPUESTO

Miriam Casanova (PP) ha afirmado que el impuesto sobre el patrimonio "está en vías de extinción a nivel mundial", ha criticado que se aplica a bienes que ya han estado gravados por otros impuestos como el IRPF y a patrimonios que no generan rentabilidad, y ha asegurado que el PP defiende que pague más quien más tiene, pero de forma progresiva y de forma justa con la capacidad económica, en sus palabras.

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha tachado la situación de Catalunya de "infierno fiscal", ha pedido la supresión del impuesto sobre el patrimonio y ha afirmado que el hecho de que la recaudación se la quede la Generalitat no es relevante: "Un ejemplo del 'tanto-trinca, trinca-tanto' de socialistas y separatistas".

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha rechazado la continuidad del impuesto porque, a su juicio, afecta a la clase media y no solo a los mayores rentas, y ha avisado que la competencia con otras comunidades autónomas genera una "fuga de patrimonios pequeños y medianos".

"AFECTA AL 1%"

Por su parte, el diputado de los Comuns David Cid ha criticado que las formaciones que lo quieren eliminar defienden recortes en los servicios públicos y ha afirmado que los patrimonios de más de 20 millones de euros son residuales: "¿Saben a cuántas personas afecta esto en Catalunya? 273. Ustedes representan los intereses de 273 personas en Catalunya que no pueden pagar otros 11 millones de euros".

Desde la CUP, Laure Vega ha tildado de "ridículo" que algunos grupos de la Cámara digan que el impuesto de patrimonio sea injusto porque, apunta, es un gravamen que afecta al 1,5% de la población con mayores rentas, y ha dicho que la derecha "defiende el cortijo de las fortunas de siempre, porque el vasallaje de las grandes fortunas sale muy a cuenta".

Finalmente, Susana Martínez (PSC) ha defendido que el impuesto sobre el patrimonio afecta a poco más del 1% de la población mientras que permite ofrecer soluciones al 100% de la ciudadanía, especialmente a aquella que vive en riesgo de pobreza y exclusión, y ha sostenido que la redistribución de la riqueza "no es caridad", sino justicia para romper el círculo de la pobreza en barrios como La Mina de Barcelona, de donde es ella.