La Comisión Bilateral Estado-Generalitat no se reúne desde julio de 2011
BARCELONA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Parlament debatirá y votará en el pleno que empezará el 25 de enero una moción del PSC para instar al Govern a recuperar los órganos bilaterales de relación entre el Estado y la Generalitat con el objetivo de retomar las relaciones en beneficio de los intereses de los ciudadanos.
La moción, recogida por Europa Press y defendida por el diputado socialista Ferran Pedret, persigue que la Cámara catalana pida que se establezca un marco de diálogo entre el Govern y el Gobierno central para buscar soluciones "a la multiplicidad de asuntos de interés público que, desde hace años y hasta el momento actual, se encuentran bloqueados".
Para ello, insta al Govern a reactivar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, que no se reúne desde el 19 de julio de 2011, así como las comisiones mixtas de Infraestructuras, Traspasos y Asuntos Económicos y Fiscales.
La propuesta del PSC llega en el mismo momento que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, rechaza acudir a la Conferencia de Presidentes autonómicos de este 17 de enero y demanda un trato "bilateral" con el Estado.
El PSC es partidario de que Puigdemont vaya a la Conferencia de Presidentes, y con esta moción pretende evidenciar que el Govern ya tiene mecanismos para tener una relación "bilateral" con el Estado que se obstina en no utilizar.
INFRAESTRUCTURAS
Sobre la comisión bilateral de Infraestructuras, la moción concreta una demanda al Govern para que negocie con el Estado una revisión de las inversiones para los próximos cinco años --fijando como objetivo que correspondan a su peso en el PIB español tal y como señala la disposición adicional tercera del Estatut--, que aborde con urgencia la gestión aeroportuaria y que se impulse "sin dilación" el Corredor Mediterráneo y la mejora de Rodalies.
También exige que el Ejecutivo catalán lleve a cabo todas las iniciativas a su alcance para recuperar el potencial máximo del Estatut y para negociar un nuevo modelo de financiación que revise el "excesivo esfuerzo de reducción de déficit impuesto" a las comunidades autónomas por parte de Estado, negociando la quitanza parcial de su deuda, introduciendo el principio de ordinalidad e impulsando consorcios tributarios.
En declaraciones a Europa Press, Pedret ha destacado que "al margen del referéndum, hay muchas cuestiones pendientes que es necesario abordar" porque afectan de pleno al funcionamiento de la administración catalana y el día a día de los ciudadanos.
"Hay que desencallar cuanto antes el mientras tanto, el ahora, porque hay una montaña enorme de temas", ha añadido, y ha dicho que el PSC estará al lado del Govern para reclamar mejoras y retomar las relaciones con el Estado.
46 DEMANDAS DE PUIGDEMONT A RAJOY
El texto impulsado por los socialistas catalanes propone, además, pedir al Govern que vuelva a plantear la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos y obligaciones del Estado con Catalunya, recogidos en el documento de 46 puntos que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le trasladó al del Gobierno central, Mariano Rajoy en abril de 2016.
En caso de no avanzar en este aspecto, anima al Ejecutivo catalán a estudiar la posibilidad de plantear un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación a cada una de las sentencias favorables al Govern por conflictos de competencia e inconstitucionalidad "que no han sido cumplidas por el Gobierno de España".
Asimismo, insta al Govern a reclamar una política de asilo que se ajuste al derecho internacional y "menos gasiva" con el objetivo de poder poner en práctica a voluntad acogedora manifestada por Catalunya, así como a reactivar la negociación con el Estado para la construcción de la Biblioteca Central de Barcelona.
La moción, de 17 puntos, también exige que se aborde con el Estado los mecanismos para potenciar la capitalidad de Barcelona de la Unión por el Mediterráneo para impulsar la región Pirineos-Mediterráneo, y a negociar la instalación en la capital catalana de organismos estatales, así como a reclamar que el Instituto Cervantes promueva y difunda también la lengua y la cultura catalanas junto con el resto de lenguas cooficiales.
En este sentido, concreta la necesidad de reclamar al Gobierno central que presente un proyecto de ley de protección y fomento del plurilingüismo en las instituciones estatales "sin entrar en colisión con las disposiciones y competencias que fijan los respectivos estatutos de autonomía y de acuerdo con lo que se conoce como principio de territorialidad".