Se pondrá a prueba la capacidad de pacto de los grupos, que han fracasado con esta ley
BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -
El Parlament intentará de nuevo la aprobación de una ley electoral catalana y lo hará a través de una propuesta que ha registrado el grupo parlamentario de SíQueEsPot y que la Cámara debatirá próximamente.
Será la enésima vez que se buscará aprobar una ley electoral propia, ya que los partidos catalanes han fracasado en todos los intentos que han hecho para consensuar una norma que rija las elecciones catalanes, donde se sigue aplicando la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).
La norma de SíQueEsPot, a la que ha tenido acceso Europa Press, incluye sustanciales avances respecto a la normativa actual: listas electorales desbloqueadas, la superación de los bloques electorales en los medios públicos y la creación de una sindicatura electoral catalana para las elecciones autonómicas.
También establece un régimen de incompatibilidades para los diputados más severo que el actual ya que, por ejemplo, no permite ser parlamentario autonómico y senador a la vez, una condición que actualmente tiene el líder popular en la Cámara, Xavier García Albiol.
Otras novedades serían la introducción del voto electrónico, que debería desarrollar luego el Govern; la limitación del gasto electoral de las formaciones, o la obligación de tramitar la propaganda electoral de los partidos de un único sobre --lo que se conoce como 'mailing' único--, lo que les permitiría ahorrar dinero.
Además, propone un sistema electoral diferente al actual: ahora hay cuatro circunscripciones y un reparto de escaños a través de la Ley d'Hont, mientras que SíQueEsPot propone que Catalunya sea circunscripción única y se aplique un reparto de escaños a través de las siete veguerías por la cuota de Hare.
En el preámbulo de la ley se justifica este cambio: el sistema electoral actual supone "una desigualdad de voto entre la ciudadanía y deficiencias notables en la proporcionalidad de los resultados electorales", es decir, no vale lo mismo el voto de los ciudadanos y se sobrerepresenta las zonas menos pobladas de Catalunya.
"Este fenómeno comporta injusticias, como que el voto de un catalán de Berga vale menos que el de un catalán de Solsona, y contradicciones como que el partido con más votos pueda no ser el partido con más escaños", reflexiona.
ES POSIBLE
Aunque el presidente Puigdemont ha fijado una legislatura corta de 18 meses, desde SíQueEsPot se afirma: "Si se quiere políticamente, es posible aprobarla", y admiten que, de nuevo, el gran escollo será encontrar el consenso en el sistema electoral que traduce los votos en escaños.
Este grupo impulsa de nuevo esta norma porque no caiga en "saco roto" todo el trabajo hecho en la anterior legislatura y recuerda a los grupos independentistas que es paradójico reclamar más soberanía por un lado y, por el otro, no ser capaz de aprobar una ley que solo depende del Parlament.
La Mesa deberá elevar al pleno la norma para un primer debate a la totalidad: ahí se visualizará si los partidos, y en especial ERC y CDC, tienen voluntad de tramitar la ley y explorar de nuevo un intento de consenso, o fracasa otra vez sin tan siquiera entrar a discutir el contenido de la norma.
EL PRINCIPAL PROBLEMA
El gran punto de fricción ha sido siempre el sistema electoral para traducir los votos en escaños, ya que históricamente PSC, PP, ICV, EUiA y C's han defendido un recuento único de votos para toda Catalunya, mientras que ERC y CDC se inclinan por mantener el sistema actual de un recuento para cada circunscripción --las cuatro provincias--.
Es el debate entre proporcionalidad y representatividad: PSC, PP, ICV, EUiA y C's defienden la necesidad de asemejar el peso de un voto en Barcelona con uno de Lleida, mientras ERC y CDC advierten del riesgo de crear una Cámara en la que las zonas menos pobladas no estén bien representadas.
La cuestión radica en que el primer sistema prevé unos mejores resultados electorales para unos, y el segundo sistema para los otros, de ahí que el tema encalle; además, se necesita una mayoría cualificada de 90 votos para aprobar una ley así y esto supone una dificultad añadida.