El plazo para ejecutar el 25% termina este martes y el Govern confía en su decreto que elimina porcentajes

Gonzlez-Cambray detallará las instrucciones que envían a los centros

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para ejecutar su sentencia que fija un 25% de castellano en la educación catalana termina este martes, y el Govern de la Generalitat confía en el decreto que aprobó este lunes y que explicita la "inaplicación" de porcentajes en la enseñanza como respuesta al fallo.

El decreto salió publicado el mismo lunes en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) tras un Consell Executiu extraordinario, y por tanto entró en vigor también el lunes.

El texto, además, atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir "la responsabilidad sobre la legalidad" de los proyectos lingüísticos de los centros para proteger a las escuelas y a los docentes.

En una rueda de prensa, la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, destacó que este decreto permite salir del "callejón sin salida" que considera que supone la sentencia del 25% de castellano, y al ser preguntada por si cree que deja sin efecto esta sentencia, contestó que esta nueva norma da respuesta a esta decisión judicial y protege el modelo de escuela catalana.

"Habrá que ver si esta judicialización no tiene fin y esto va a otras instancias", añadió, recalcando que el decreto tiene toda la validez jurídica y da cobertura a los centros educativos.

Pese a su vigencia, el Parlament debe validar el decreto en el plazo de un mes, y el Govern depende de los comuns, según se desprendió de las distintas opiniones de los partidos durante la jornada del lunes.

Ni el PSC-Units ni la CUP lo apoyarán: los socialistas consideraron que el texto "desafía a los tribunales", según un tuit de la portavoz Alícia Romero una vez publicado el decreto; y el anticapitalista Carles Riera afirmó que no garantiza la inmersión en una entrevista en TV3.

Por tanto, ERC y Junts necesitarán los votos a favor de los comuns, y su portavoz David Cid no avanzó en rueda de prensa el sentido de su voto, porque la formación quería estudiar primero el texto publicado.

INSTRUCCIONES

En paralelo, Plaja añadió que este martes el Govern enviará instrucciones "muy claras y con muy poco margen de duda" a los centros educativos para que apliquen el decreto, y las explicará en rueda de prensa junto al conseller Josep Gonzlez-Cambray tras el Consell Executiu de este martes.

En este sentido, el decreto dicta que los centros educativos deben elaborar un proyecto lingüístico que se adecue a los criterios del decreto a través de las estrategias educativas y los recursos didácticos necesarios para alcanzar las competencias lingüísticas, y teniendo en cuenta "las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado".

Los proyectos lingüísticos, que deberán revisarse y modificarse cada dos años, serán validados en primera instancia por la Conselleria en 30 días, para comprobar si se adecuan a la normativa vigente y para que el departamento asuma su responsabilidad legal.

En caso de que el departamento considere que el proyecto lingüístico no se ajusta a los criterios fijados por este decreto ley, deben revisarse lo antes posible en un plazo de seis meses desde el inicio del curso

PROPOSICIÓN DE LEY EN EL CGE

Por otro lado, los grupos del PSC-Units, ERC, Junts y comuns registraron una proposición de ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria, con la intención de que se aprobara en el pleno del pasado viernes.

El texto recoge que el catalán, "como lengua propia de Catalunya, es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo", mientras que el castellano se utilizará en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro siguiendo los criterios de la ley, que no habla de porcentajes.

Finalmente no se pudo someter a votación porque Vox, Cs y PP pidieron al Consell de Garanties Estatutries un dictamen y la Mesa de la cámara catalana admitió a trámite esta solicitud, con lo que este texto previsiblemente se aprobará en el Parlament fuera del plazo dictado por el TSJC.

Los mismos grupos parlamentarios ya presentaron en marzo una primera proposición para modificar la ley de Política Lingüística, pero Junts se descolgó del acuerdo al considerar que no suscitaba consenso entre la comunidad educativa.