El PSC pide vetar en contratos públicos a empresas y directivos condenados por corrupción

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSC ha presentado una batería de 36 propuestas que se debatirán y votarán este martes en la Comisión de Estudio de Medidas de Lucha contra la Corrupción para la Regeneración Democrática, entre las que destaca prohibir los contratos públicos con empresas y directivos que haga menos de tres años que han sido condenados por corrupción o financiación irregular de partidos.

El portavoz del PSC en la Comisión, Jordi Terrades, ha explicado a Europa Press que "es hora de pasar a la acción con propuestas de modificación legislativa" encaminadas a la eficacia en la lucha contra la corrupción, ya que si no se corre el riesgo de que las comisiones de estudio se perciban como un mecanismo ineficaz.

La Comisión empezará a las 15.00 horas y centrará su sesión en el debate y votación de las conclusiones que han presentado los grupos del arco parlamentario tras un año de trabajo.

Los socialistas catalanes apuestan por "ir más allá de la diagnosis de lo que es la corrupción y qué hay que perseguir", y por ello propone un ambicioso paquete de medidas de ámbito autonómico y estatal --en este caso, sería necesario llevarlas al Congreso de los Diputados--.

Además de vetar a condenados en los contratos públicos, el PSC apuesta por modificar la ley de contratos del sector público en pro de la transparencia y la simplificación, por reorganizar la estructura de la función pública, y por garantizar al máximo la profesionalidad entre los directivos públicos.

Este último objetivo podría lograrse disminuyendo la libre designación como mecanismo de contratación y replanteando el sistema de elección de los organismos de control público con mayor peso institucional, como la Sindicatura de Comptes y el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).

LEY DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

Otras propuestas de los socialistas catalanes pasan por reglamentar con precisión las incompatibilidades y reformar la ley de contratos del sector público para, entre otros aspectos, limitar la revisión de precios, modificar la normativa de contratos menores y limitar los fraccionamientos.

Asimismo, reclaman que se refuercen los equipos judiciales para dotarlos de los mecanismos suficientes, y que se modifique el Código Penal para regular los indultos en casos de corrupción y para proteger a las personas que alerten de posibles sucesos.