Ve una "buena disposición" de grupos para renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género
BARCELONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado que decidió rebajar el tono de su Ministerio al acceder a la cartera y contemplar el elevado "grado de crispación" que se había producido la anterior legislatura y con el cual, a su juicio, era difícil avanzar.
Lo ha dicho al preguntársele por ello en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press, donde ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le pidió rebajar el tono, sino que avanzase en "derechos e igualdades".
"Me di cuenta de que era muy difícil avanzar", ha admitido Redondo, que ha defendido rebajar el tono del Ministerio para evitar que se sacase cualquier mínima cuestión como un gran enfrentamiento, en sus palabras.
"GRAN CONQUISTA"
Sobre la Ley de Violencia de Género, ha recordado el "gran consenso social del 2004" que, si bien ve vigente entorno al feminismo, ha alertado de que la extrema derecha puede quebrarlo con su entrada en las instituciones.
También ha destacado la Ley como la reforma que sacó la violencia de género del ámbito privado: "Ahora, la extrema derecha pretende volver al ámbito intrafamiliar y, de hecho, la terminología que utiliza es ésa, violencia intrafamiliar, violencia doméstica", ha insistido.
De todos modos, ha sostenido que si hay una política en la que toda la sociedad comparte espacio es la igualdad, textualmente, la cual considera "la gran conquista democrática".
PACTO DE ESTADO
Al preguntársele sobre la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha dicho que el trabajo de la subcomisión del Congreso es serio y riguroso, en sus palabras, y que "hay una buena disposición de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios".
Ha destacado tres ámbitos nuevos que bastará la nueva ley, que se enmarcan en una mayor formación y educación en igualdad, así como en la esfera judicial, que ve "imprescindible reforzar".
También una mayor coordinación e implicación entre el Estado y las administraciones y, por último, la manera de abordar las nuevas formas de violencia derivadas de las redes sociales, además de la violencia institucional y la económica.