El Síndic de Greuges afirma que el espionaje con Pegasus vulneró derechos pese al aval del TS

   Exige una "reparación" y fijar un sistema público de control judicial

   BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha afirmado este miércoles que el espionaje con el software Pegasus vulneró derechos fundamentales incluso en los 18 casos en los que se ha constatado que la intervención a móviles de independentistas estuvo autorizada por el Tribunal Supremo (TS).

   "Con respeto a la legalidad se ha atentado contra sus derechos fundamentales, tanto de privacidad como de defensa y de participación política", ha dicho sobre estos casos --entre los que estaban el presidente del Govern, Pere Aragons; el director de la oficina de expresidente de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y el diputado de la CUP Carles Riera-- en una rueda de prensa para presentar el informe 'Caso Pegasus: vulneraciones de los derechos a la intimidad, la defensa y otros derechos'.

   También ha intervenido el jurista Joan Queralt, que ha contado que la ley permite el acceso "a las comunicaciones, no el acceso a los soportes de las comunicaciones", y por tanto considera que excluye fotos, agendas, calendarios y otros datos en el móvil.

   En el resto de casos de espionaje, una cuarentena conocidos, Ribó ha criticado que "no ha habido ni respeto a la legalidad, se atenta contra derechos sin ninguna restricción ni control".

   Al preguntársele por la postura del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que verificó que 18 intervenciones estaban autorizadas por el Supremo, Ribó ha contestado: "Se limita a comprobar que en los 18 casos se ha seguido la legalidad, y no entra en absoluto en si puede haber habido atentado a los derechos fundamentales".

LEY DE SECRETOS OFICIALES

   El Síndic ha exigido "una reparación por parte de los poderes públicos implicados" y reformar la ley de secretos oficiales para instaurar un sistema público de autorización y control judicial que fije un límite temporal a este tipo de intervenciones, que a su parecer se deberían comunicar al afectado y mostrarle el contenido una vez terminadas.

   Ha añadido que la ley debería excluir de estas comunicaciones a partidos políticos, sindicatos y "asociaciones de cualquier tipo que sean legales", y ha remarcado la necesidad de prohibir intervenir comunicaciones entre abogados y sus clientes para proteger el derecho de defensa.

   Ribó ya ha entregado el documento presentado este miércoles al Parlament y también prevé enviarlo al Congreso, al Gobierno y al Consejo de Europa, que recientemente ha publicado un informe sobre la libertad de expresión en el caso Pegasus y en el que el Síndic ve reflejada su postura.