El síndic de Greuges ve en el 155 una "vulneración del derecho de participación"

Pide garantías para los comicios del 21-D y ve "desproporcionada" la medida de cárcel

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha visto en el uso del artículo 155 una "vulneración del derecho de participación política", tanto de los cargos electos como de todos los electores, independientemente de la opción que votaron, y que está protegido por la Constitución y el Convenio europeo de derechos humanos, ha dicho en rueda de prensa este viernes.

"Parece que es contrario a preceptos constitucionales asumir por parte del Gobierno de España la competencia de disolver el Parlament y convocar elecciones", ya que no figura en ningún precepto, y ha considerado que la interpretación que ha hecho el Senado y el Gobierno de este artículo parece contraria al artículo 2 y el título VIII.

Ribó ha añadido que tanto los diputados como los ciudadanos pueden impugnarlo en ampara constitucional, presentando un recurso, y ha advertido que el hecho de que desde el lunes se gobierne la Generalitat a distancia desde instancias ajenas a la voluntad expresada por la ciudadanía implica "riesgo de mala administración y de potenciales violaciones de derechos".

Ha criticado que la aplicación del 155 no ha fijado un límite temporal de la excepcionalidad y que se ha "ignorado que en el marco jurídico español hay instrumentos mucho menos lesivos" para el ordenamiento y el autogobierno que el uso de este artículo y del código penal, como por ejemplo cuando el TC ha declarado inconstitucionales o suspendido leyes.

VÍA PENAL

Sobre la imputación penal del Govern cesado y la Mesa del Parlament, ha considerado que "todas las vías legales e institucionales deberían prevalecer sobre la vía penal" para resolver conflictos politicoinstitucionales, sobre lo que ha dicho que todavía hay espacio y tiempo para un diálogo sincero.

Ha considerado "desproporcionada" la prisión para parte del Govern cesado y de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, que podría vulnerar sus derechos, y también ha visto desproporción en la calificación penal de rebelión para describir los hechos ocurridos, sobre los que ha afirmado que las manifestaciones fueron ejemplares por su civismo.

"Se está criminalizando el derecho a la manifestación y con efectos retroactivos", ha lamentado, y ha considerado que, desde el derecho al poder judicial, puede darse una transgresión del derecho al juez predeterminado por ley porque tendría que haberse tratado desde la jurisdicción ordinaria de Catalunya, y en primer lugar del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Ha pedido que los comicios del 21-D se desarrollen con plenas garantías democráticas, "sin ninguna amenaza ni advertimiento en relación con los resultados", y que el Gobierno se comprometa públicamente a retirar después las medidas excepcionales adecuadas.

INFORME A INSTANCIAS EUROPEAS

El síndic ha explicado que ha depositado este informe en el registro del Parlament y que también lo ha transmitido al comisario europeo de los Derechos Humanos, con el que ha dicho que se ha puesto en contacto este viernes, así como a la agencia de derechos fundamentales de la UE y a la red mundial de defensores del pueblo de la que forma parte.

También lo ha transmitido a los defensores del pueblo del resto de España --incluyendo el estatal-- y al Congreso de los diputados, en el que ha esperado que pueda escucharse, como en una ocasión se hizo con un contrainforme que hizo SCC ante un informe del síndic, con la "paradoja" que no se había escuchado el informe previo.

PUESTA EN MARCHA DE LA INSTITUCIÓN

Ha anunciado que la próxima semana se pondrá en marcha la Institución de derechos humanos de Catalunya, que se acordó crear anteriormente, que tendrá que velar por estas situaciones.

Ribó ha pedido a los poderes que tienen potestad que reviertan 'ab initio' estas varias situaciones vulneradoras de derechos y libertades para evitar, "como reiteradamente ha pasado, que el máximo órgano jurisdiccional europeo en materia de derechos humanos condene al Estado español por violaciones de normas internas e internacionales".