UGT y CC.OO. celebran la sentencia sobre Iberpotash porque garantiza el empleo

BARCELONA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT y CC.OO. de Catalunya han valorado positivamente que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya autorizado a Iberpotash a seguir vertiendo sal en el depósito del Cogulló de Sallent (Barcelona) hasta el 30 de junio de 2018, con opción a ampliar el plazo a un año más, ya que ello supone garantizar el mantenimiento de la actividad y los empleos, tanto los directos como los indirectos.

"Estaremos vigilantes de que se cumplan las medidas y compromisos adquiridos por la empresa para afrontar esta moratoria, especialmente en los temas medioambientales", ha asegurado CC.OO. en un comunicado.

Desde UGT, han añadido que la decisión judicial permitirá una "transición ordenada y no traumática de la producción y la plantilla" hasta las instalaciones de mina y fábrica de Súria (Barcelona).

El sindicato ha pedido a la dirección de ICL-Iberpotash que aproveche la moratoria para habilitar la mina de Cabanasses en Súria y estas instalaciones puedan absorber la producción y la plantilla de Sallent.

"Sólo así podremos garantizar los puestos de trabajo de los 1.500 empleados que forman parte de las minas de Súria y Sallent, y el futuro de sus familias, pero también de los más de 4.000 trabajadores que dependen de la cincuentena de empresas que operan de las instalaciones mineras", ha añadido.

SENTENCIA

En la sentencia, el juez argumenta que el plazo sugerido por la empresa de obtener una moratoria hasta el 30 de junio de 2019 "no se estima ajustado" y fija el límite un año antes.

Sin embargo, añade que, en caso de necesitar una "última prórroga" hasta junio de 2019, la compañía deberá solicitarla al menos tres meses antes del 30 de junio de 2018, y entonces el tribunal decidiría.

Así, esta resolución judicial permite trabajar más allá de la fecha límite fijada, por la que este mismo viernes Iberpotash debía paralizar los abocamientos salinos al depósito del Cogulló.

Iberpotash ofreció este jueves al TSJC un aval de 3,9 millones de euros para que le concediera una moratoria de dos años y medio para poder seguir vertiendo sal en el Cogulló, una cifra que equivale al coste que supondría extraer la sal de la montaña que se verterá en este periodo añadido.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Sallent estaban a favor de la moratoria, y el Parlament aprobó recientemente una moción de apoyo a la compañía, garantizando la totalidad de los empleos y adoptando aquellas medidas que sean necesarias para permitir el vertido provisional, temporal, transitorio y limitado del material salino en el Cogulló.