CEUTA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
Más de cien de los aproximadamente 220 migrantes de origen subsahariano que permanecen acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta han pasado la noche de este sábado fuera de sus instalaciones acampados ante sus puertas y han iniciado una huelga de hambre para exigir a las autoridades españolas que tramiten los expedientes administrativos para acabar con su "bloqueo" en la ciudad autónoma, donde la inmensa mayoría permanecen desde que accedieron a ella en el marco de la crisis migratoria de mayo.
Siete meses después, más de 2.000 ciudadanos marroquíes de los que entraron irregularmente con ellos en la ciudad han conseguido cruzar al otro lado del estrecho tras ver admitidas a trámite sus solicitudes de protección internacional, figura a la que las personas subsaharianas rechazan recurrir porque "estaríamos obligados a permanecer en España cuando casi todos tenemos familiares en otros países de Europa, que es adonde queremos desplazarnos", según ha explicado uno de los portavoces del grupo, Soifullah Diallo, en declaraciones a Europa Press.
Otro de sus compañeros, Sylla Kone, ha lamentado que "la única respuesta que nos da la Dirección del CETI y la Policía Nacional es que tenemos que seguir esperando sin ningún horizonte mientras vemos a otros irse solamente dos o tres semanas después de llegar".
El colectivo movilizado está formado por ciudadanos de distintos países subsaharianos como Senegal o Mali y, sobre todo, de Guinea Conakry.
Durante años las personas procedentes de esos Estados evitaron pedir asilo al llegar a Ceuta porque al hacerlo se veían obligados a esperar entre uno y dos años en la ciudad hasta la tramitación completa de sus expedientes, mientras que quienes no solicitaban protección internacional eran derivados con mucha más celeridad a la península merced a los convenios existentes con distintas organizaciones para su acogida e integración.
En julio de 2020, el Tribunal Supremo obligó al Ministerio del Interior a reconocer el derecho a la libre circulación por el territorio nacional a los peticionarios de asilo en las ciudades autónomas en cuanto tienen sus solicitudes admitidas a trámite.
En 2020 únicamente se registró en Ceuta un total de 285 peticiones de asilo, pero este año tras la avalancha de mayo se han presentado más de 2.500, casi todas de ciudadanos del Reino alauita.