CEUTA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la sociedad pública Aparcamientos Municipales y Gestión Vial de Ceuta (Amgevicesa), Antonio Díaz, que permanece en libertad con cargos investigado por cohecho desde que el pasado lunes fuese detenido por la Guardia Civil, ha presentado este miércoles su dimisión "por razones de coherencia personal" al presidente del Consejo de Administración de la empresa, el consejero de Gobernación del Ejecutivo autonómico, Jacob Hachuel (PP).

Según ha informado el Gobierno de Ceuta en un comunicado a los medios, en su carta de renuncia Díaz expone que, habida cuenta de su situación como investigado y con base en "razones de coherencia personal", ha decidido dimitir como gerente de Amgevicesa, cargo que ocupaba desde hace más de nueve años.

Funcionarios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia local de la Benemérita detuvieron el lunes a primera hora de la mañana a Díaz después de que la semana pasada arrestase en Sevilla a un ex funcionario del Ministerio de Justicia que estuvo destinado en Ceuta, a un empresario local (ambos permanecen en prisión provisional) y a otra persona.

La investigación "de largo recorrido", según han indicado fuentes policiales a Europa Press, persigue la posible comisión, entre otros, de delitos de cohecho, prevaricación o malversación en la gestión del depósito judicial de vehículos de la ciudad autónoma y en la posible venta de automóviles.

Díaz quedó en libertad con cargos y este martes prestó declaración en sede judicial ante el instructor de la causa, bajo secreto de sumario. Allí reiteró que Amgevicesa solamente atendió requerimientos "del Ministerio de Justicia" durante la pasada legislatura para tramitar la salida de Ceuta como residuos de vehículos "que ya no estaban a disposición judicial".

El depósito municipal dejó de ser en 2012, según el Gobierno autonómico, el de referencia para los Juzgados de la ciudad a la hora de acumular coches intervenidos. En 2015 se detectaron anomalías consistentes en que se recibían de forma "sistemática" facturas de distintos depositarios de vehículos que "con atento oficio" eran remitidas a la Gerencia Territorial de Justicia para su pago "hubiesen sido o no intervenidos judicialmente los automóviles a que hacían referencia".

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