CEUTA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) prevé destinar en 2018 una partida de 500.000 euros para la contratación de vigilantes privados que trabajen en la frontera de la ciudad autónoma "como ya hacen en los aeropuertos", esto es, bajo dependencia directa y constante de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en el paso del Tarajal.
Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Jacob Hachuel, los vigilantes privados "siempre estarían auxiliando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como en los controles de los aeropuertos se encargan de revisar los equipajes o a los pasajeros pero siempre con un funcionario cerca".
El objetivo de la Ciudad Autónoma es conseguir, pese a carecer de competencias y de forma "concertada con la Administración General del Estado", que la vigilancia privada "redunde en una mayor dotación de medios en la frontera de Ceuta a efectos de procurar que mejore la fluidez del tránsito de vehículos y mercancías".
La agilización del tráfico por la frontera es la principal reivindicación de la patronal de Ceuta, que esta semana ha amenazado con la convocatoria de un cierre patronal si la Administración no acaba con los colapsos que casi a diario bloquean el Tarajal, así como con la intervención de mercancías adquiridas por ciudadanos marroquíes en la localidad española.
El Grupo Parlamentario Popular que con mayoría absoluta sostiene al Ejecutivo de Vivas también ha enmendado el Presupuesto de la Ciudad Autónoma para invertir 3,5 millones en 2018 en "avanzar en lo que se denomina 'frontera inteligente" la espera de que, no antes de 2019, el Ministerio del Interior acometa una reforma integral del paso fronterizo, obra que, según ha reconocido el delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández Cucurull, debería haberse acometido "hace décadas".
La infraestructura solamente dispone de tres carriles de entrada y otros tantos de salida que solamente están plenamente operativos desde octubre los viernes, ya que, según la Delegación, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil disponen de recursos humanos suficientes para tenerlos abiertos de forma permanente.