Gobiernos de Ceuta y Melilla piden que extranjeros de segunda generación nacidos en ambas ciudades "no sean españoles"

CEUTA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Gobiernos de Ceuta y Melilla que preside Juan Vivas (PP) y Juan José Imbroda (PP) van a plantear una iniciativa legislativa para que el Código Civil retire a "los hijos de los extranjeros nacidos en las ciudades autónomas" la posibilidad de acceder directamente a la nacionalidad española que actualmente reconoce a "los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España".

De esta forma, si las Cortes Generales atienden esta reivindicación los niños extranjeros de segunda generación nacidos en Ceuta y Melilla pasarían a tener la misma consideración que "los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España", a los que se exceptúa expresamente como españoles de origen.

En la misma iniciativa legislativa, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, los Ejecutivos de las Ciudades Autónomas reclaman que "los hijos de extranjeros nacidos en Ceuta y Melilla" no puedan acceder a la nacionalidad española por residencia beneficiándose de la cláusula que rebaja a un año la permanencia legal continuada para los nacidos en territorio nacional. Su propuesta es que se les demande "un periodo mínimo e interrumpido de diez años".

La propuesta de los dos Gobiernos se basa en que en ambas "concurren palmarias circunstancias excepcionales, no solo porque el porcentaje de partos de mujeres extranjeras triplica la media nacional, sino esencialmente porque las citadas mujeres procedentes y residentes en su práctica totalidad en distintas zonas de Marruecos no tienen vínculo alguno en las ciudades autónomas".

La iniciativa calcula que cada año se registran "en torno a los 2.500 partos de ciudadanas de nacionalidad marroquí" en Ceuta y Melilla, un 30 por ciento y un 60 por ciento del total de nacimientos en cada una de ellas. "Esta situación excepcional, que no se produce en el resto del territorio nacional, debe ser controlada y regulada porque se trata de una evidente cuestión de Estado", alerta el texto que se someterá a la consideración de la Asamblea autonómica antes de final de mes.