Imputado un empresario por transportar 2.700 cerraduras falsas su venta en Melilla y Marruecos

MELILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Melilla ha intervenido 2.700 cerraduras falsificadas en el puerto cuyo destino final podía ser la venta tanto en comercios de la ciudad autónoma como en Marruecos. El consignatario de la mercancía, un empresario melillense, ha pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial.

Según ha informado este martes un portavoz de la Comandancia, el servicio se inició el pasado 30 de septiembre durante los controles e inspecciones selectivas de la mercancía llegada vía marítima, al realizarlo sobre un contenedor, con mercancía declarada como "cerraduras para edificios".

Tras la apertura y reconocimiento físico de la mercancía, los agentes apreciaron que el contenido de las 90 cajas, eran de cerraduras para puertas, con el logotipo e inscripción de una reconocida marca comercial, "susceptibles de poder ser falsas". Esta situación motivó su intervención al apreciar indicios de delitos contra la propiedad industrial y el inicio de gestiones para determinar el origen cierto de la mercancía, su consignatario y su presumible destino.

Las gestiones realizadas con el representante legal de la marca en España confirmaron la falsedad del producto intervenido, apreciándose una falsificación del producto "muy buena tanto por el material utilizado para su fabricación, como el de los embalajes", prácticamente igual a los originales, lo que conllevó a la confirmación de la falsedad mediante una pericial realizada con una de "las cerraduras intervenidas", al fabricante de las originales. El valor de la mercancía intervenida supera los 84.000 euros.

El destino final de la mercancía falsificada intervenida "presumiblemente era la venta en diversos establecimientos de la ciudad, y por su cantidad, también en Marruecos". El administrador y consignatario de la mercancía, un varón de nacionalidad española afincado en Melilla, ha pasado a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida depositada en el Almacén de la Aduana a disposición de la autoridad judicial encargada del caso.