CEUTA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
Unas 400 personas han participado este sábado por la tarde en Ceuta en la X Marcha por la Dignidad, una movilización auspiciada por más de 200 entidades nacionales e internacionales para conmemorar la tragedia que el 6 de febrero de 2014 terminó con la muerte de al menos 14 migrante subsaharianos cuando fueron repelidos por la Guardia Civil y las Fuerzas de Seguridad marroquíes al intentar acceder a nado a la ciudad autónoma. Nueve años después, el colectivo ha vuelto a reclamar a la UE "vías legales y seguras" para migrar "que no pongan en riesgo la vida de las personas".
La manifestación ha recorrido la localidad española norteafricana desde el Campus universitario, donde por la mañana se ha organizado una mesa redonda con expertos y otras actividades, hasta la playa del Tarajal anexa al espigón marítimo fronterizo del mismo nombre en el que se produjeron los fallecimientos de 2014.
Allí se ha guardado un minuto de silencio y se han encendido velas con los nombres de las 13 víctimas mortales identificadas (Blasie, Roger, Keita, Yves, Samba, Larios, Daouda, Luc, Youssouf, Armand, Ousmane, Jeannot y Oumarou), otra persona no identificada y el resto de los que "han sido enterrados sin nombre, no salieron del desierto o siguen sufriendo la crueldad de las fronteras".
En el manifiesto que se ha leído se ha advertido que "las muertes del Tarajal no son un hecho aislado, pues desde hace más de 15 años estamos viviendo un ascenso de la represión y de la violencia en las fronteras por parte de los Estados europeos".
"Nunca", ha añadido, "dejaremos de denunciar la violencia ejercida en las fronteras, la falta de acceso a la movilidad internacional y la especial dificultad que tienen las personas del sur global de ejercer este derecho, así como las estrategias de desinformación que deshumanizan y criminalizan a aquellas personas que buscan un futuro mejor o necesitan proteger sus vidas".
Los convocantes han reivindicado que es "totalmente necesario y urgente" encontrar "soluciones a la irregularidad administrativa" en la que se encuentran más de medio millón de personas en España, "ya que la clandestinidad expone a un contexto de explotación y precariedad".
También han mostrado su "preocupación" ante la posibilidad de que el Gobierno de España "cambie los trámites en el procedimiento de solicitud de protección internacional reteniendo a las personas solicitantes en centros cerrados hasta que se estudie su solicitud en un plazo de diez días".
Además, han "exigido" el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y han "rechazado" la "construcción de cárceles racistas como la que se está levantando en Algeciras, ya que una falta administrativa no es ningún delito y no justifica el encierro de ninguna persona".
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