Moh y Rojas rechazan acusaciones de Imbroda sobre el nuevo sistema de bonificación a Seguridad Social en Ceuta y Melilla

MELILLA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, y la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, han rechazado este miércoles las acusaciones del presidente de Melilla, Juan José Imbroda (PP), y han negado que el nuevo real decreto de la bonificación a la Seguridad Social que se aplica en Ceuta y Melilla desde 2004 con el Gobierno de José María Aznar vaya desaparecer, ni que sea perjudicial para trabajadores y empresas de ambas ciudades.

Así lo han transmitido las dos dirigentes políticas en un encuentro que han mantenido con los responsables de UGT y CCOO para abordar las repercusiones que va a tener el nuevo sistema de bonificación a las cuotas a la Seguridad Social, "que va a entrar en vigor a partir del 1 de septiembre, y que sustituye el 50% por una cuota fija de 262 euros al mes".

Gloria Rojas y Sabrina Moh, que ocupan la Secretaría General y la Secretaría de Organización de los socialistas melillenses respectivamente, han asegurado, en contra lo que ha denunciado el presidente de Melilla, que "la mayoría de los empresarios de la ciudad va a percibir más dinero por parte del Estado --concretamente aquellos cuyos trabajadores tienen una cuota de cotización de menos de 1.800 euros al mes--, mientras que el resto de empresarios no van a perder ni un solo euro, gracias a que el Gobierno de España va a reembolsarles todo lo que exceda de 262 euros hasta llegar al 50%, a través de una subvención".

En la reunión con los dos sindicatos de clase han puesto en valor la importancia de apostar por la mejor de la empleabilidad de los trabajadores, unida a la mejora de la formación de los mismos, así como por la estabilidad laboral.

La reunión, que ha tenido lugar en la sede de los socialistas locales, ha servido para poner encima de la mesa las dudas y preguntas de las organizaciones sindicales con cuestiones relativas a la gestión que se va a hacer desde el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) --que es la entidad que va a gestionar la subvención--, o la información a profesionales y entidades gestoras que van a tramitar a el procedimiento de empresas de la ciudad, entre otras.

Asimismo, también ha servido para acordar futuras reuniones para hacer seguimiento de la aplicación del Real Decreto-Ley 1/2023 y del Real Decreto 660/2023.

Por último, han asegurado que los socialistas y los representantes de UGT y CCOO han acordado seguir avanzando en la mejora de la bonificación en las cotizaciones de la Seguridad Social, tal y como recoge la Medida 26 del Eje 1 del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Melilla.

"PARALIZACIÓN URGENTE"

Este anuncio de Sabrina Moh y Gloria Rojas se produce el mismo día que el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda (PP), ha anunciado que se dirigirá al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, para solicitarle la paralización "urgentemente" del nuevo sistema de bonificación a la Seguridad Social para trabajadores y empresas de Ceuta y Melilla que debería aplicarse a partir de este viernes 1 de septiembre.

Así lo ha manifestado a los periodistas Juan José Imbroda, tras reunirse con asesorías y gestorías para abordar la eliminación del actual sistema de bonificación a la Seguridad Social y transmitirles que "he pedido al ministro Escrivá la suspensión durante seis meses del real decreto de las bonificaciones", al considerar que "perjudica" tanto a empresas como trabajadores de la ciudad española del norte de África que se viene aplicando desde su aprobación por el Gobierno de José María Aznar desde marzo de 2004.

Imbroda ha pedido al PSOE y a la Delegación del Gobierno en Melilla que dirige la socialista Sabrina Moh que se sumen a esta demanda, al subrayar que este "es un asunto de ciudad" que, según ha apuntado, "no es solo del PP, sino también para atender las demandas de empresarios y entes preocupados por este tema".

Según han expuesto, la aplicación de la nueva norma podría significar una pérdida de 80 euros mensuales a los trabajadores a partir del próximo mes de septiembre, así como un riesgo para la estabilidad económica de pequeñas y medidas empresas (pymes) de Ceuta y Melilla.