Actualizado 17/02/2017 10:41

Otros dos detenidos, uno de ellos policía portuario, por la trama de las viviendas públicas de Ceuta

CEUTA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han activado este viernes a primera hora de la mañana una nueva fase de la operación que dirige la titular del Juzgado de Instrución número 1 de la ciudad autónoma contra una supuesta trama de corrupción en la gestión de la adjudicación de viviendas de promoción pública con la detención de dos personas, una de ellas policía portuario, y la intervención de un ordenador de la Administración autonómica.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, durante la jornada se prevé la práctica de más arrestos y distintos registros.

Funcionarios de la Udyco de Ceuta se desplazaron el martes hasta Marbella para detener al exviceconsejero de Vivienda y exgerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa), Antonio López, que permanece en prisión incondicional desde la medianoche del jueves tras negarse a declarar en sede judicial. Está investigado por presuntos delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación, así como por indicios de cohecho.

El miércoles se detuvo a las consejeras de Educación y Hacienda, Rabea Mohamed (PP) y Susana Román (PP), del Gobierno que preside Juan Vivas, así como al portavoz del segundo grupo de la oposición en la Asamblea, Mohamed Ali (Caballas). Todos ellos pasaron a disposición judicial y posteriormente fueron puestos en libertad como investigados igualmente por malversación, falsedad documental y prevaricación.

El PSOE, Ciudadanos y Podemos de Ceuta han exigido al presidente de la Ciudad que cese a las dos consejeras y al líder de Caballas que dimita, aunque ninguno de ellos ha abandonado sus responsabilidades públicas hasta ahora.

El Gobierno de Ceuta puso en manos de la Justicia en verano de 2015 la publicación en un periódico local de una 'lista fantasma' de supuestos adjudicatarios de las últimas 317 VPO construidas en la ciudad. En octubre de ese mismo año la instructora decretó el secreto de sumario, que sigue vigente.

Durante este año y medio las diligencias se han extendido de esa promoción a las anteriores levantadas y adjudicadas en la ciudad, todas ellas en la zona de Loma Colmenar, cerca de la frontera del Tarajal. Varios ciudadanos están investigados en la misma causa por cohecho tras confesar que pagaron dinero para asegurarse ser beneficiarios de viviendas protegidas.

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