Piden 10 años de inhabilitación para ex diputado del PP por Ceuta por encargar una obra "arbitrariamente"

CEUTA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Ceuta ha propuesto la apertura de juicio oral contra quien fuera diputado nacional por la ciudad autónoma entre 2011 y 2015, Francisco Márquez (PP), por la presunta comisión hace más de diez años de un supuesto delito de prevaricación administrativa como gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa) merecedor, a ojos del Ministerio Público, de una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo, así como el abono de las costas procesales.

Según la calificación de los hechos de la Fiscalía, Márquez, que ahora es analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE) del Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional (Ceseden), decidió en febrero de 2007, "sabedor de que infringía el correcto ejercicio de sus potestades administrativas" concertar con Dragados a ejecución de unas obras en un mercado de abastos por algo más de 410.000 euros "aprovechando que estaba haciendo otras independientes" en el mismo inmueble.

"Dicha contratación se realizó con plena vulneración de las disposiciones reguladoras de la contratación administrativa [...] evitando la posible concurrencia o intervención de terceros en términos de igualdad con grave perjuicio al erario público al otorgar un contrato ilícito, ya que se le encargó arbitrariamente a la empresa de forma verbal prescindiendo del procedimiento administrativo legalmente establecido, no contando con la competencia necesaria que le correspondía al Órgano de Contratación, circunstancias todas ellas conocidas por el acusado en el momento de la contratación", relata el escrito de la acusación pública, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press.

Además, en junio de 2009, como presidente del Consejo de Administración de Emvicesa, Márquez presentó una propuesta a ese órgano para el "reconocimiento extrajudicial" de la deuda contraída "para el pago de la obra ilícita que se realizó en la primera planta del Mercado de San José, siendo aprobado por mayoría de cinco votos a favor".

La Fiscalía propuso en julio del año pasado el sobreseimiento de las actuaciones que afectaban, entre otros cargos públicos del PP, al actual senador Guillermo Martínez, que en su momento era miembro del Consejo de Administración de la mercantil y votó a favor del reconocimiento extrajudicial de deudas a favor de Dragados por la ejecución de los trabajos.