CEUTA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Ciudadanos (Cs) de Ceuta ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad autónoma solicitando que declare la nulidad de los Decretos que el presidente del Gobierno local, Juan Vivas (PP), firmó el pasado 28 de febrero para nombrar a Javier Celaya y Kissy Chandarimani consejeros de Educación y Hacienda, respectivamente, pese a no tener la condición de electos.
La demanda, que la formación naranja ha formulado junto al tercer grupo de la oposición en la Asamblea, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), tacha ambos nombramientos de "ilegales e inconstitucionales" y solicita que se impongan las costas del proceso a la Administración.
A juicio de ambos partidos la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hace un mes "es totalmente contundente en cuanto a la condición de ente municipal de la Ciudad Autónoma de Ceuta pese a estar dotada de un régimen de autonomía local singular, reforzada respecto del régimen general de los demás municipios, que viene regulado por las previsiones específicas contempladas en el Estatuto de 1995 en cuanto a su estructura organizativa, sistema de competencias, régimen jurídico, mecanismos de cooperación con la Administración del Estado y régimen económico y financiero, especialmente".
En la demanda, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, se subraya que el artículo 100.2 del Reglamento de la Asamblea de Ceuta "es tan nulo y reprochable como los nombramientos y contrario a la normativa estatal y a los artículos 137 y 140 de la Constitución".
El TSJA considera que "la naturaleza de entidad local de la Ciudad de Ceuta es incontestable y su condición política y administrativa de ciudad autónoma, según la doctrina expuesta, no desdice en modo alguno la naturaleza de entidad local, cuya especialidad no ampara el nombramiento" de un miembro del Consejo de Gobierno "que no ostente la condición de concejal electo y que por ende no sea representativo del cuerpo electoral".
Vivas ha contado en anteriores legislaturas con consejeros no electos pero su nombramiento, pese a ser criticado por la oposición debido a la "inseguridad jurídica" que aprecian en sus actos, nunca había sido judicializado.