CEUTA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas (PP), dos de sus consejeros y varios funcionarios a los que acusa de presuntos delitos de prevaricación y malversación por la incorporación supuestamente irregular hace diez años de un ingeniero a la Administración autonómica, que actualmente tiene convocada la cobertura de esa plaza.
Ante la puerta de los Juzgados, el también candidato socialista a la Presidencia de la Ciudad ha dicho que los Servicios Jurídicos del PSOE llevan "tiempo" investigando "una situación anómala en la contratación de un ingeniero de Caminos". Ahora consideran que ya han reunido "indicios suficientes para que el Ministerio Público determine si estamos en lo cierto y, en su caso, lo remita al Juzgado por si hay que incoar unas diligencias previas y pedir responsabilidades".
La denuncia se dirige expresamente contra siete personas: Vivas, sus consejeros de Fomento y Medio Ambiente (Néstor García y Fernando Ramos), el gerente de la empresa municipal del agua (Juan Manuel Martín Portes), el interventor y la secretaria general de la Asamblea y el propio ingeniero supuestamente favorecido por prácticas ilícitas desde hace diez años.
El escrito del PSOE, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, pide a la Fiscalía que indague en los sucesivos cambios de destino dentro de la Administración que ha tenido el trabajador, las retribuciones que ha percibido ("en 2009 superiores a 5.500 euros mensuales") y su adscripción a una sociedad pública "en la que solo aparece el día de las elecciones sindicales".
A preguntas de los periodistas, Vivas ha dicho a última hora de la mañana que no ve más que "tufo electoral" en la denuncia. "Yo tengo confianza plena en la Justicia y en los servicios jurídicos, técnicos y económicos de la Ciudad", ha advertido el presidente de la Ciudad desde 2011, que aspirará otra vez al cargo en mayo.
"Me da la impresión y a mucha otra gente también que esto se presenta porque faltan dos meses para las elecciones y yo soy candidato, que intentan utilizar la Justicia con fines electoralistas y a mí eso me parece muy mal: no lo deberíamos hacer", ha concluido antes de defender que "nadie puede dudar de la necesidad un ingeniero en una Administración con más de 300 millones de euros de gasto general al año" y de subrayar que el procedimiento para la cobertura de la plaza "garantiza la objetividad". "Hay absoluta transparencia y el examen será público, no veo dónde está el problema", ha concluido.