El Tribunal de Cuentas halla "indicios de menoscabo de fondos públicos" en una refinanciación de la deuda de Ceuta

El Gobierno autonómico alega que "se hizo lo que se tenía que hacer" aunque costase 3,7 millones más en intereses

CEUTA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha puesto en manos de su Sección de Enjuiciamiento la refinanciación de parte de la deuda viva de la Ciudad Autónoma de Ceuta que la Cámara autonómica aprobó con los únicos votos a favor del Grupo Parlamentario Popular en enero de 2014, al encontrar "indicios de menoscabo de fondos públicos por un pago excesivo de intereses" en la operación que sirvió al Ejecutivo que preside Juan Vivas (PP) para conseguir dos años de carencia en la devolución de 23 millones de euros a cambio de pagar 3,7 millones más en costes financieros.

Según los informes evacuados por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, a cuyo contenido ha tenido acceso Europa Press, las dos operaciones de refinanciación concertadas con el BBVA por 13,6 y 10 millones, respectivamente, "no fueron imputadas al presupuesto, incumpliendo lo previsto en los Principios Contables Públicos".

Además, "la reestructuración de la deuda afectó a cinco préstamos y se formalizó con una sola entidad, no habiéndose tenido constancia de la solicitud y presentación de otras ofertas por parte de otros bancos".

Los dos nuevos préstamos "se concertaron a unos tipos de interés del cinco por ciento y del Euríbor trimestral más un 4,35 por ciento, respectivamente, muy por encima de los tipos de los préstamos refinanciados, que oscilaban entre el 0,45 y el 1,73 por ciento, permaneciendo a su vez vivos otros créditos con tipos superiores y con vencimientos a mayor plazo".

Para terminar, el órgano fiscalizador critica que parte de la deuda afectada se había formalizado al amparo del Real Decreto sobre medidas para facilitar el saneamiento de 2009 y tenía que ser amortizada "en 2015". "La Ciudad no presentó un plan de saneamiento financiero o de reducción de deuda y el periodo de amortización incluidos los nuevos plazos ha excedido el máximo de seis años fijado", añade.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Emilio Carreira, que también fue el proponente de la iniciativa, ha defendido en declaraciones a Europa Press que "se hizo lo que se tenía que hacer" de forma "absolutamente correcta desde el punto de vista técnico" y sobre argumentos políticos de "oportunidad y conveniencia más que justificadas".

Según el consejero de Medio Ambiente del Gobierno local, la Ciudad necesitaba "en un momento en el que nadie tenía crédito financiero" ganar "oxígeno y resuello para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones con los trabajadores y los proveedores sin despedir a nadie ni recortar en políticas sociales". "Fue un éxito porque se consiguió y se hizo sin el aval del Estado, lo que prueba la solvencia de la institución, que es lo importante", ha destacado Carreira.

"Después, cuando las condiciones del mercado y la coyuntura económica lo hicieron posible, la deuda volvió a refinanciarse y actualmente no supera el uno por ciento de media en costes financieros", ha añadido.