Vicepresidenta de Ceuta repite ante la juez que la devolución de niños fue respuesta de urgencia pactada con el Estado

CEUTA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu (PP), ha reiterado este miércoles en su declaración en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación continuada por su actuación durante la repatriación en agosto del año pasado de 55 menores migrantes sin compañía marroquíes al margen de la Ley de Extranjería que aquella actuación fue una respuesta pactada por el Estado a través de cuatro ministerios y una vicepresidencia frente a la "emergencia" desatada en la ciudad tras la crisis migratoria de mayo.

Deu, que ha asistido a su citación acompañada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), ha repetido según las fuentes consultadas por Europa Press ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 que la "situación de urgencia" generada por la permanencia en Ceuta de más de mil niños migrantes solos llevó a activar un Acuerdo bilateral de 2007 que Marruecos nunca había aceptado implementar.

A su juicio, se hizo sin dejar de mirar por el interés superior de los menores, algo que cuestionan tanto la Fiscalía, que con su denuncia ha dado pie a la apertura de estas diligencias penales, como las acusaciones populares. La otra investigada, la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, pidió suspender su testifical de este miércoles por motivos de salud y podría ser citada para el jueves de la próxima, 15 de septiembre.

"Hemos cumplido", se ha limitado a decir Deu al abandonar el Juzgado, donde se ha negado a responder a las preguntas de una acusación popular, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

Cuando sí ha contestado ha insistido, tal y como hizo en diciembre, entonces llamada por la Fiscalía en el marco de la investigación que incoó tras la denuncia presentada por L'escola AC, en que su papel se limitó a intentar responder a la situación de emergencia generada con los recursos ordinarios "desbordados".

La Ciudad recurrió entonces a la colaboración de entidades como Save The Children, SAMU o Engloba "para ver la vulnerabilidad que pudiesen tener los menores", aunque al menos cuatro fueron expulsados con advertencias explícitas sobre que podían ser "víctimas de abusos o amenazas" en su país. Con el paso del tiempo (a la semana, según la acusación pública) se entablaron contactos con el Gobierno de España para activar el Acuerdo de 2007 y "lograr el retorno concertado de los niños a sus familias".

Deu ha recordado que se lo pidió a la Delegación y que, normalmente a través de la institución de la plaza de los Reyes, pero también de forma directa, entró en contacto con distintos departamentos del gabinete de Sánchez, desde sus ministerios de Interior, Presidencia, Derechos Sociales o Asuntos Exteriores hasta la Vicepresidencia de Carmen Calvo.

La consejera participó en las reuniones en las que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la Secretaría de Estado de Seguridad dieron luz verde a la operación de repatriación, que según ha venido defendiendo se activó tras recibir un escrito de esta (sin firma ni más formalidad que membrete) y de una reunión en la frontera con autoridades marroquíes. La vicepresidenta, que dice no haber tenido nunca acceso a expedientes ni informes, aseguró en diciembre que cuando la jefa de Menores, Toñi Palomo, avisó de que aquello era un dislate legal, ella "consideró que sus dudas jurídicas no eran trascendentes y quedaron solventadas".

La Fiscalía también ha propuesto que, una vez oídas Deu y Mateos, sean citados como testigos el jefe de Gabinete y el secretario general de la Delegación, Juan Hernández e Ismael Kasrou; la jefa de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo; el director general de Asuntos Generales de la administración local, Francisco Pérez Hita; la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid; la entonces coordinadora de SAMU en 'Santa Amelia' y el inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera en agosto de 2021.

LA ACUSACIÓN POPULAR PROPONDRÁ MÁS TESTIGOS

El secretario general de la Red Española de Inmigración, una de las dos acusaciones populares personadas, Rafael Escudero, ha lamentado al término de la testifical de Deu que esta no haya contestado a sus preguntas y ha resumido que tanto la vicepresidenta como la delegada "dicen que todo lo decidía Madrid".

"La parte específica de cómo se gestionó la acogida afecta exclusivamente a la Ciudad Autónoma, pero la de la deportación es del Gobierno de España, que intenta señalar solamente a su delegada como si pudiera acordar deportaciones y activar acuerdos internacionales", ha indicado antes de tildar de "cobarde" el "correo sin firma" con el que Interior "rogó" que comenzasen los llamados "retornos asistidos" al margen de la legislación española.

En declaraciones a los medios a su salida del Juzgado ha adelantado que pedirá que sean citados como testigos los contactos de cuatro ministerios y una vicepresidencia del Gobierno central con los que la consejera de Presidencia pactó el procedimiento a seguir para ejecutar las expulsiones al margen de lo previsto en la Ley de Extranjería.

"También nos interesa saber en qué se gastó más de un millón de euros en emergencia y cómo se conjugan fotos de niños durmiendo en estanterías de metal con esa inversión", ha apuntado Escudero.