Arantxa Sánchez Vicario rompe su silencio sobre el juicio por el que podría ir a prisión: "Creo en la justicia"

La extenista será juzgada del 12 al 15 de septiembre de 2023 junto a su exmarido, Josep Santacana, por un presunto delito de alzamiento de bienes por el que se enfrenta a 4 años de prisión y una multa de más de 6 millones de euros

MADRID, 29 Dic. (CHANCE) -

   Alejada del foco mediático desde hace años, el nombre de Arantxa Sánchez Vicario vuelve a estar en el punto de mira después de que hace unos días se hiciese pública la fecha en la que la extenista y su exmarido, Josep Santacana, se sentarán en el banquillo de los acusados por un presunto delito de alzamiento de bienes por presuntamente ocultar patrimonio para evitar pagar una deuda de 7,5 millones de euros al Banco de Luxemburgo. Será entre los próximos 12 y 15 de septiembre de 2023 cuando tenga lugar en Barcelona el juicio por el que se enfrenta a una pena de prisión de cuatro años y a una multa de 8.640 euros, además de 6,1 millones en responsabilidad civil.

   Sin embargo, y aunque este varapalo se confirmó justo antes de Navidad, Arantxa no pierde la sonrisa y, dispuesta a que nada enturbie las fechas más entrañables del año, ha viajado desde Miami (donde reside) a Barcelona con sus dos hijos para disfrutar de su madre, Marisa Vicario, y del resto de su familia, con los que su relación vuelve a ser tan estecha como siempre después de varios años de distanciamiento.

   Ha sido precisamente durante un tranquilo paseo con su progenitora y con sus pequeños - Arantxa y Leo, de 13 y 11 años respectivamente y fruto de su relación con Josep Santacana, del que se separó en 2017 - cuando la extenista se ha dejado ver de lo más sonriente por su ciudad natal y ha roto su silencio sobre sus problemas legales.

   "He dicho que creo en la justicia, siempre he creído en la justicia. He venido a pasar unos días con mi familia y eso es todo" ha afirmado Arantxa, sin entrar a valorar qué le parece que el juicio se celebre en septiembre o el escrito de la Fiscalía, en el que se la acusa de vacíar sus cuentas y poner sus propiedades a nombre de testaferros para no pagar la deuda de 7,1 millones de euros que había contraído con el Banco de Luxemburgo.

  Lo que deja entrever es que por el momento, y a falta de 9 meses para sentarse en el banquillo, está tranquila, confía en poder demostrar su inocencia y no teme su posible entrada en prisión si finalmente se demuestra que, como asegura la acusación pública, cometió un presunto delito de alzamiento de bienes.