La infanta Elena, indiferencia y sonrisas ante la querella a la que se enfrenta el Emérito

   MADRID, 25 Nov. (CHANCE) -

  Nueva polémica para el Rey Juan Carlos semanas después de la filtración de sus imágenes y sus audios privados con Bárbara Rey. Tal y como hemos conocido este lunes, magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella conjunta contra el Emérito ante la Sala de lo Penal del Supremo por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública.

  En la querella, que ha adelantado 'El País' y a la que ha tenido acceso Europa Press, señalan que esos cinco delitos fiscales que atribuyen al padre del Rey Felipe VI entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, a la vez que inciden en que la Fiscalía informó a Juan Carlos I de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.

 Los querellantes solicitan la declaración del monarca desde Abu Dabi y que comparezcan como testigos personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón, Arturo Fasana y Dante Canónica, y representantes legales de las entidades societarias que aparecen en el texto.

 "El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de unas Diligencias de Investigación en las que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización", se lee en el texto.

  Así, entienden los querellantes "que los efectos de la regularización de la situación tributaria (...) se han aplicado indebidamente" porque "no concurren los requisitos legales previstos para que pueda aplicarse la excusa absolutoria que lleva aparejada una regularización correcta".

   La querella recuerda que al haber utilizado el Emérito fundaciones (Zagatka y Lucum) con sedes en Liechtenstein y en Suiza, se entiende que se armó un entramado "para ocultar o dificultar la determinación de la cuantía defraudada", por lo que se está ante la modalidad agravada del delito que establece penas de 2 a 6 años de cárcel por cada delito y ubica la prescripción a los 10 años.

  Los letrados recalcan que la Fiscalía notificó a Don Juan Carlos en dos ocasiones en 2020 que estaba siendo investigado por posibles delitos contra la Hacienda Pública y que el Rey realizó acto seguido dos regularizaciones fiscales: una de 678.393,72 euros en diciembre de 2020 y otra de 4.395.901,96 euros en febrero de 2021 (incluyendo 871.851,24 euros de intereses de demora y recargos).

  Para ellos, "la cuestión se centra en determinar si tal reconocimiento y pago se produjo antes de que el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción hubieran realizado actuaciones que hubiesen permitido al contribuyente tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias". "Sea cual sea el resultado del presente escrito, los querellantes solo tenemos el propósito de potenciar el valor superior de la justicia, los principios generales del Estado de derecho y en este caso, la igualdad ante la ley", defienden.

  Un duro revés sobre el que le hemos preguntado a la infanta Elena que, al margen de la querella presentada contra su padre ha cumplido con sus compromisos profesionales sin pronunciarse sobre los problemas legales a los que se enfrenta el Emérito.

  Muy pendiente de su teléfono móvil y con una ligera sonrisa, la hermana del Rey Felipe VI ha abandonado la Fundación Mapfre al volante de su coche sin hacer ninguna declaración ni revelar si ha podido hablar con Don Juan Carlos sobre este tema. Su reacción a la última polémica que rodea al Monarca, ¡en el siguiente vídeo!