Científicos de organismos públicos piden por carta a Escolano "igualdad" y "justicia" retributiva equiparable al CSIC

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 422 científicos de Organismos Públicos de Investigación (OPI) han pedido por carta al ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, "igualdad", "justicia" y "equidad" retributiva para así equipararse a los científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), uno de los seis OPI que dependen de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

En la misiva, en la que también se dirigen al ministro de Educación, Cultura y Deporte, a la secretaria de Estado de I+D+i, a la directora de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), al director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y al director de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los más de 400 científicos denuncian la "falta de cumplimiento" de la Ley de la Ciencia y, por tanto, la "discriminación flagrante" a la que están sometidos.

Según indican, la Ley equipara, desde diciembre de 2011, a todos los científicos en funciones y responsabilidades independientemente de la institución donde desarrollen su trabajo y, desde enero de 2014, en el sistema retributivo.

En concreto, la Ley establece que el sistema de incentivos basado en la evaluación de méritos, sexenios y quinquenios, que impera en el CSIC y en la Universidad se extiende al resto de OPI, como son el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Sin embargo, critican que implementar este sistema de evaluación del desempeño científico (SEDc) similar al del CSIC y la Universidad en el resto de organismos se ha transformado en "una misión imposible".

A su juicio, la falta de cumplimiento de la Ley de la Ciencia "no tiene nada que ver con la crisis económica, ni con limitaciones presupuestarias insuperables, sino más bien con razones de índole política relacionadas con las presiones de sectores perfectamente identificados que se benefician directamente de la paralización del desarrollo del SEDc y con la posición de los directores de algunos OPI, que se resisten a renunciar al manejo discrecional de los incentivos al rendimiento, en favor de la valoración tasada y objetiva de los méritos científicos a que obliga la citada Ley de la Ciencia".

DISPOSICIÓN EN LOS PGE 2018

Según explican a Europa Press fuentes de la Secretaría de Estado de I+D+i, para que la Ley se cumpla en lo referido a este sistema objetivo de incentivos salariales, es necesario que el Gobierno apruebe el Real Decreto por el que se regulan las retribuciones del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación.

Este Real Decreto está preparado desde 2014 y el procedimiento se ha alargado porque ha de contar con el visto bueno de todos los ministerios implicados --Economía, Hacienda, Defensa y Educación--. Además, estas mismas fuentes apuntan que no se ha podido aprobar porque las Leyes de Presupuestos de años anteriores no reflejaban incrementos en las retribuciones de funcionarios, con lo que no podía aprobarse este Real Decreto.

No obstante, el proyecto de Ley de los PGE 2018, incluye una disposición --la trigésima séptima-- que permite que los OPI puedan aumentar el gasto neto del personal investigador a su cargo. Una vez aprobados los presupuestos, se agilizaría el trámite para poder aprobar el Real Decreto.

Los científicos que firman la carta valoran esta disposición, que "abre una tímida puerta, aunque de un tenor preocupante, a la homologación retributiva" y piden que en caso de que se aprueben los presupuestos se disponga de un SEDc que permita su aplicación.

Sin embargo, entienden que tendrá efectos desde el 1 de enero de 2018, cuando recuerdan que la Ley de la Ciencia dispone que el nuevo sistema de evaluación y retribución tiene efectos de 1 de enero de 2014. "Por tanto, este aparente avance en nuestra homologación amenaza con despojarnos retroactivamente de los derechos que reconoce a nuestro favor una Ley vigente, como resultado del incumplimiento flagrante de la misma por parte del Gobierno", rechazan.

Por ello, reclaman al Gobierno que enmiende esta disposición adicional del proyecto de PGE para 2018, de modo que se recojan los efectos económicos con referencia al 1 de enero de 2014.

Asimismo, los firmantes se muestran interesados en que el ministro Escolano reciba a una comisión de investigadores de los distintos OPI para manifestarle de forma más detallada su "preocupación por este y otros graves problemas que aquejan actualmente a los Organismos Públicos de Investigación".