Señala que se han dejado de invertir 20.000 millones de euros desde 2009 y reclaman un incremento del 4% anual en los PGE
MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha advertido de las "graves consecuencias en el funcionamiento del sistema" español de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) tanto a medio como a largo plazo, y ha alertado de que la falta de políticas públicas en este ámbito podría llevar al "colapso" del mismo.
Además, ha propuesto la creación con "carácter urgente" --en un plazo máximo de dos meses-- de un grupo de trabajo en el Congreso de los Diputados, formado por expertos y personas de prestigio en los ámbitos sociales y económicos, para establecer y desarrollar los "elementos básicos" para dotar al país de una política de I+D+i "estable, comprometida y transformadora que contribuya a reformar en profundidad el modelo económico y social de España y adecuar el marco legislativo y administrativo que favorezca el desarrollo de la ciencia, la educación y la cultura".
Así se desprende del 'Informe de Seguimiento y Análisis de las Políticas Científicas anunciadas por el Gobierno durante 2017', presentado este lunes en Madrid, en el que se hace un análisis exhaustivo de las actuaciones del Gobierno en materia de I+D+i durante este año y se incluyen propuestas para contribuir a mejorar el efecto de la intervención pública en la ciencia.
El informe, que se enmarca dentro del proyecto DECIDES (Debate sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social) que la COSCE desarrolla en colaboración con la Fundación la Caixa, se divide en cuatro bloques: análisis de los PGE 2017, valoraciones sobre el Plan Estatal de Investigación, información sobre los Pactos de Investidura, y valoración de la actividad desarrollada por la Agencia Estatal de Investigación.
Según ha comentado la coordinadora del documento, Aurelia Modrego, una de las conclusiones del informe es que hay una "ausencia de una política pública en I+D+i seria y comprometida", pues señala que existe una "carencia de información" en la estrategia del Gobierno en temas de investigación. "Esta falta de información es la antítesis de una política orientada a generar confianza y a reducir la inseguridad e incertidumbre e inherente a cualquier actividad de I+D+i", critica Modrego.
"La sistemática deducción de las partidas presupuestarias en todos estos años es totalmente contrapuesta a las políticas que han llevado a cabo otros países", los cuales, según Modrego, han hecho "lo contrario" que España, es decir, "apostar por la investigación como motor de crecimiento y de recuperación de la crisis". "Esta política va a tener graves consecuencias en el funcionamiento del sistema a medio y largo plazo e incluso va a llevar a un colapso", ha advertido la experta.
Tal y como ha recordado el presidente de COSCE, Nazario Martín, la inversión en I+D+i ha descendido un 35% desde 2009, lo que se traduce en 20.000 millones de euros menos. Así, han reclamado un incremento del 4% anual en los presupuestos destinados a la Ciencia de los próximos años.
En segundo lugar, el informe realiza una valoración sobre el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), que fue sometido a información pública en julio pero que aún no se ha aprobado.
Según ha expuesto Modrego, este Plan debería abordar los siguientes "problemas": el envejecimiento de las plantillas en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), el escaso personal de I+D en las empresas, así como las "rigideces del marco normativo y los largos ciclos de gestión administrativa" que "afectan a todas las actuaciones". Asimismo, COSCE considera que este nuevo Plan muestra "carencias significativas", como la "indefinición" del marco presupuestario y la falta de previsión de los recursos para su puesta en marcha. Además, critica la falta de evaluación del Plan anterior (2013-2016), todavía en vigor.
Por ello, el informe COSCE-DECIDES 2017 aconseja dotar al Sistema de I+D+i de un Fondo Estable de Inversión para la Investigación en Ciencia y Tecnología e Innovación, así como adecuar el marco normativo a las necesidades de la I+D+i.
INCUMPLIMIENTO DE LOS PACTOS DE INVESTIDURA
Según destaca el informe en lo que respecta a los Pactos de Investidura, la "única constancia del cumplimiento de dichos pactos es la creación de la Red Cervera de Transferencia", cuya dotación presupuestaria es de 500 millones de euros. No obstante, 20 millones son de subvenciones y los 480 son de préstamos, según indica Martín, que afirma que este tipo de fondos son los que menos se ejecutan.
En cambio, la COSCE lamenta que no se haya cumplido con otro de los compromisos del Gobierno: la reforma del Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) para que responda al modelo del European Research Council (ERC) y promover con ello la estabilidad en la gestión de la I+D+i.
HACIENDA CONTROLA LA CIENCIA
"No hay noticias de que haya ningún intento de hacer esta reforma", manifiesta Modrego, quien critica su "complicado" proceso de creación y puesta en marcha. Creada el 27 de noviembre de 2015, la AEI no nació realmente hasta el 20 de junio de 2016, mientras que un año después, en junio de 2017, fue cuando se la dotó de presupuesto propio. Según el presidente de COSCE, la "sorpresa" es que la actividad de la Agencia ha sido "la misma con que sin presupuesto". "Hacienda es quien está controlando todo el sistema de ciencia español", ha lamentado Martín, que también critica que sin autonomía presupuestaria la Agencia estará "sujeta a vaivenes políticos". En cualquier caso, Nazario Martín añade un problema más en relación a su actividad: "la mala gestión, la ausencia de calendario".
Ambos ponen como ejemplo de esta gestión la convocatoria de becas para investigadores predoctorales. Tal y como indica Martín, estas convocatorias tienen que ser aprobadas previamente por el Consejo de Ministros, algo a su parecer "impensable" en otros sistemas de I+D+i, y que "va contra el sentido de lo que es una Agencia".
Con respecto a esto, informan de que en 2016, el Consejo de Ministros autorizó la convocatoria para 968 becas predoctorales, con presupuesto de 90 millones de euros, y en 2017 la convocatoria fue de 1.082 becas con un presupuesto de 100 millones de euros, lo que supone una disminución en el salario medio de los becarios baja 16 euros.
Además de la autonomía de gestión --que reclaman que sea "excelente"--, la COSCE sugiere que para evitar estos problemas la AEI debe asesorar en el diseño de políticas científicas, que su actividad ha de ser supervisada por las Cortes y sus órganos de gestión tienen que estar ocupados "por personas que roten, que no permanezcan en el puesto indefinidamente", según apunta Modrego.
"No percibimos que haya una Agencia Estatal de Investigación", afirma la experta, que aboga por dotarla de características similares a las que tienen otras Agencias como la Agence Nationale de la Recherche (ANR, en Francia), el ERC o las británicas National Science Foundation (NSF) y el UK Research and Innovation (UKRI).
Igualmente, la COSCE pide que la política de I+D+i en España tenga en cuenta la de otros países, los cuales deberían ser un "marco de referencia" para el Gobierno y demostrar así si la Ciencia y la Investigación es una "prioridad" o algo "residual". Por último, el informe concluye que el sistema de I+D+i está en un estado de "excepción" y el "peso político de la ciencia es nulo", y Martín ha aprovechado para reclamar un Pacto de Estado para que no haya "interferencias políticas" en la I+D+i.