MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consorcio de Euro-Argo, principal infraestructura científica europea para observación de los océanos, ha aprobado la incorporación de España como miembro de pleno derecho en la institución. Así, el país se suma a Alemania, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, según informa el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Esta iniciativa es fruto de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad; el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y la Infraestructura Científico Técnica Singular Sistema de Observación Costero y de Predicción de Islas Baleares (ICTS SOCIB).
El IEO y la ICTS SOCIB gestionarán la participación española en la red. La contribución española como miembro de pleno derecho de Euro-Argo es de 30.000 euros en concepto de cuota anual, además de la instalación de un mínimo de tres nuevas boyas perfiladoras al año durante un periodo de cinco años, que se sumarían a las 65 con las que ya cuenta.
El Ministerio ha asegurado que Euro-Argo es una componente fundamental del Sistema Mundial de Observación de los Océanos. La red europea utiliza cerca de 4.000 boyas perfiladoras que permiten medir, con cobertura mundial y en tiempo real, la temperatura, salinidad y densidad del agua a una profundidad de hasta 2.000 metros por debajo del nivel del mar. Los datos e información que ofrece la red en tiempo real consiguen mejorar la precisión de las predicciones climatológicas, atmosféricas y oceánicas en escenarios superiores a tres días, e incluso entender mejor los fenómenos de variación del clima.
Estos datos están disponibles y accesibles las 24 horas y gratuitamente a cualquier usuario a través de su página web. La red tiene como objetivo sumar 250 boyas perfiladoras más al año, un tercio de las necesarias para mantener la cobertura de la red en su estado actual. El presupuesto de Euro-Argo ERIC para lograr este objetivo es de ocho millones de euros, para lo que cuenta con la aportación de los países miembro de la cuota anual y la puesta a disposición de sus infraestructuras nacionales al Consorcio Europeo.