PP pide al Gobierno que valore que la antigüedad de becarios de investigación tenga efectos en sus méritos profesionales

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados relativa a aprobar las medidas pertinentes para garantizar los derechos del personal becario de investigación para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, insta al Gobierno a valorar si existe la posibilidad de que estos contratos de investigación y formación pudieran tener efectos, no solo para la Seguridad Social, sino también de cara a los méritos establecido en la carrera profesional, en materia de antigüedad y valoración de méritos investigadores y docentes.

En este contexto, el PP reclama al Ejecutivo que trabaje "sin dilación" y en el marco del diálogo social para adoptar las medidas relativas al antiguo personal becario de investigación que desarrolló su actividad laboral bajo la fórmula de beca, sin cotizar a la Seguridad Social, valorando el posible reconocimiento del derecho a cotización.

También pide al Gobierno que impida "la concurrencia de agravios comparativos y plantear posible soluciones para equiparar la obligación de cotización de los becarios a situaciones anteriores en las que se hayan producido reconocimientos parecidos".

Por último, el Grupo Parlamentario Popular insta al Ejecutivo a valorar la posibilidad de extender este proceso de regularización a un número determinado de años.

La proposición no de ley recuerda en su exposición de motivos que la situación de los antiguos becarios de investigación se ha ido abordando con la aprobación de diferentes normativas que han incorporado modificaciones, como la necesidad de la contratación laboral y consiguiente cotización a la Seguridad Social para estos trabajadores.

Con ello, señala el texto, se empieza a reconocer la "situación anómala" que padecían y "siguen padeciendo" los antiguos becarios de investigación "que han visto cómo, a pesar de haber trabajado (y en algunos casos haber tributado por IRPF), no han cotizado nada a la Seguridad Social durante la vigencia de la beca".

Como medida para tratar de paliar los efectos de esta "anomalía", el PP destaca que en 2011 se dio la posibilidad de suscribir convenios especiales con la Seguridad Social para reconocer parte de estos años de trabajo como periodo cotizado, con un máximo de dos años, pagando el trabajador íntegramente la cuota de la Seguridad Social correspondiente.

En este sentido, el año pasado se aprobó la posibilidad de que las personas que se encuentran en esta situación puedan suscribir un convenio especial con la Seguridad Social que les posibilite el cómputo de la cotización por los periodos de formación o realización de prácticas no laborales y académicas, hasta un máximo de cinco años.

Con la entrada en vigor de la Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ISM/386/2024 de 29 de abril, "se ha tratado de satisfacer la demanda, sobre todo de la comunidad científica, que reclamaba que los periodos durante los que actuaron como becarios, en sus prácticas de formación e investigación, contaran a efectos de cotización en su vida laboral".

Esta norma beneficia a numerosos colectivos y también a aquellos titulados universitarios que, mediante estudios oficiales de doctorado, habían participado antes del 4 de febrero de 2006 (fecha de entrada en vigor del Estatuto del Personal Investigador en Formación) en programas formativos de carácter investigador, tanto en España como en el extranjero".

"La mayor parte del personal investigador ha trabajado mediante estas fórmulas durante mucho tiempo, lo que hace que esta medida se acabe desvirtuando por las condiciones y limitaciones que establece el propio Ministerio a la hora de acogerse a este convenio especial", apunta el PP.

La formación destaca que estos colectivos han discutido este aspecto de la norma, por el hecho de que el periodo de regularización "se limite a un máximo de cinco años trabajados, sin tener en cuenta los casos de mayor duración".

También añade que se criticó que, para transformar el tiempo de prácticas en tiempo de cotización laboral a la Seguridad Social, "recayese en el propio becario, que quiere convertir la beca en años cotizados, el deber de abonar la cuota íntegra, incluida la de la empresa, en función de la base de cotización vigente en 2024, independientemente de la fecha de concesión de la beca".

MODIFICACIÓN DE LA ORDEN APROBADA POR EL MINISTERIO

Las principales asociaciones científicas y sindicales pidieron revisar esta orden ministerial introduciendo una serie de aspectos que evitasen una situación de agravio con respecto a los actuales becarios y, sobre todo, que impidiesen que el convenio especial supusiese una carga económica inasumible para gran parte de la comunidad científica.

El PP critica que el Ministerio "no incorporó en su momento los alegatos formulados por la comunidad científica e hizo oídos sordos a unas demandan que suscitaban el máximo interés". "Tras el aluvión de críticas recibidas por la redacción de la Orden, fundamentalmente por la elevada cuantía que tenían que asumir los becarios para que se les reconocieran los periodos de prácticas realizadas a efectos de cotización), el Gobierno decidió rectificar y convocó una mesa de negociación para modificar la Orden", apunta.

Así, la nueva Orden incorporó, entre otras medidas, que la base de cotización tenga en cuenta la de referencia del año en el que se llevó a cabo la actividad y no la de 2024. Además, retoma la fórmula de cálculo de la cuota a ingresar, que ya se pactó para este tipo de convenios en 2011 y que consiste en tomar la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General vigente cuando se realizaron las prácticas en lugar de la de este año.

Esta cifra se situaría por cada mes cotizado entre 40 y 140 euros al mes aproximadamente, por los periodos de prácticas realizadas entre 1980 y 2006.

La iniciativa recalca en este punto que, una vez calculado por la Tesorería General de la Seguridad Social, el importe total de la cotización que corresponda a las mensualidades por las que se haya formalizado este convenio especial, dicho importe se reducirá mediante la aplicación del coeficiente del 0,77, constituyendo el resultado la cotización a ingresar.

En todo caso, el PP avisa de que el desarrollo efectivo de las medidas que se adopten "deberá respetar lo consignado en las recomendaciones aprobadas por el Pacto de Toledo en el año 2020, articulando los mecanismos oportunos para que no sean los miembros de la comunidad científica e investigadora quienes deban asumir íntegramente el perjuicio histórico al que se han visto sometidos, y que ha tenido como consecuencia, entre otras, la presencia de significativas lagunas en su carrera de cotización".