El PSOE pedirá mañana un Estatuto Docente Investigador tras la polémica con los contratos predoctorales

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo socialista defenderá este martes 14 de marzo en el pleno del Congreso una moción, consecuencia de interpelación urgente por la que insta al Gobierno a "elaborar, junto con las comunidades autónomas, las universidades, las organizaciones sindicales y profesionales e instituciones implicadas, el Estatuto del Personal Docente Investigador" que "regule las condiciones de acceso, trabajo y la carrera profesional de dicho personal".

Asimismo, en la iniciativa se pedirá medidas que garanticen que no se vuelvan a repetir situaciones de precarización de las condiciones laborales de los investigadores contratados, tras la polémica suscitada con los contratos predoctorales, según informa la formación.

Igualmente, se solicita que el Gobierno adopte "las medidas necesarias que garanticen el reconocimiento del trabajo que dicho personal realiza durante el contrato como un período laboral sin pérdida de derechos, sean investigadores predoctorales o de otro tipo y presten sus servicios en universidades o en organismos públicos de investigación".

Con la entrada en vigor de la regulación del contrato predoctoral establecido en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI) del 2011, el Ministerio de Empleo procedió a clasificar dicha modalidad contractual con la clave 401 (contrato por obra y servicio). Posteriormente, en 2015 y tras una consulta con la CRUE, la Dirección General de Empleo adoptó la decisión de modificar dicha clave, sustituyéndola por la 420, vinculada a las características de un contrato en prácticas.

Sin embargo, tras las recientes peticiones de asociaciones de investigadores, sindicatos y grupos parlamentarios, Empleo decidió recientemente, en coordinación con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, volver a encuadrar los contratos predoctorales en el epígrafe 401 contrato por obra y servicio.

'EL GOBIERNO DEBE DAR EXPLICACIONES'

Una "rectificación" que, para el portavoz socialista de Universidades, Ignacio Urquizu, "no debe librar al Gobierno de dar explicaciones en sede parlamentaria sobre lo que ha pasado". Así, en el pleno del pasado miércoles, interpeló al titular de Educación si han sido "conscientes de la gravedad de su actuación" cambiando el contrato a unos trabajadores "sin hablar con ellos" y sin "reflexionar sobre la repercusión" que esta modificación podría tener, no solo sobre las personas contratadas, sino "sobre la ciencia".

En este sentido, criticó que la actuación del Ejecutivo no ha mostrado en ningún momento "actitud de diálogo" y ha apuntado que esta decisión se haya realizado "con nocturnidad y alevosía", lo que ha llevado a muchos científicos a enterarse del cambio cuando han intentado acceder a su derecho a la tarjeta sanitaria europea.

Sin embargo, Méndez de Vigo señaló que estas apreciaciones sobre el cambio de contrato de un empleado es competencia de su empleador. A su juicio, la CRUE es quien debería haber informado a los investigadores.