Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas, "el Gobierno no va de frente en la reforma del Registro"

El Proyecto de Gobierno de asignación del Registro Civil a los Registradores, carece absolutamente de consenso social y político. La oposición política ya ha anunciado que, si gobierna, derogará la medida; no tiene sentido aprobar esta medida a estas alturas de la legislatura, No es cierto que no haya "privatización"; no hay privatización del servicio, pero si de su gestión y financiación. Serán los usuarios los que acaben pagando por el Registro Civil.

"Los Registradores no queremos el Registro Civil". Esta declaración, clara, concisa y contundente, es la conclusión que, por aclamación, adoptó el órgano supremo del Colegio de Registradores, la Asamblea General. Esto no obstante, si la decisión política del Gobierno era asignarnos el Registro Civil, la Asamblea concluyó que debía contarse con el mayor consenso social y político y buscarse vías para su financiación.

Tras los cambios en el Ministerio de Justicia y en la Dirección General de los Registros y del Notariado, tras la marcha de Alberto Ruiz Gallardón, el nuevo Ministro manifestó su intención de buscar una solución negociada. Pero la actual propuesta del Gobierno se aparta de todas las premisas básicas para su aceptación por los registradores.

En primer lugar no solo no hay consenso social y político, sino que la oposición es frontal: por parte de todos los grupos políticos que no se creen el argumento de la "gratuidad" y que ya han anunciado su derogación si llegan al Gobierno; y por parte de la totalidad de los operadores jurídicos, incluidos los propios registradores, que entienden que este esquema supondrá un grave perjuicio para el servicio público.

Sin un solo apoyo social o político y a estas alturas de la legislatura, no se entienden las prisas del Gobierno en aprobar la asignación del Registro Civil a los registradores, que es imposible que se haga realidad antes de las siguientes elecciones generales. Según el proyecto gubernamental, la efectividad de la medida no tendrá lugar ¡hasta el 15 Julio de 2018! Entre tanto, se prevé la subsistencia del Registro Civil tradicional, con lo cual ello no generará un euro de ahorro para las Arcas Públicas, desmoronándose uno de los principales argumentos del Gobierno. Dada la falta absoluta de consenso, lo lógico y sensato, sería esperar a la situación política que resulte de las siguientes elecciones y a partir de ahí, diseñar el nuevo sistema del Registro Civil.

Se afirma por el Gobierno que "no hay privatización", porque los registradores "son funcionarios públicos". Esto es una verdad a medias. Porque si bien es cierto que los registradores son funcionarios, no dependen de los Presupuestos Públicos. La gestión y financiación de los registros es íntegramente privada. Por lo tanto, aunque no se privatice el Registro Civil, la privatización de su gestión y financiación, no podría ser negada por nadie

Por último, el Gobierno repite insistentemente que el Registro Civil va a ser gratuito. Pero nada hay gratuito. Y si la Administración no quiere financiarlo con cargo a una partida presupuestaria, tendrán que ser los usuarios los que lo sostengan a través del pago de Aranceles. Se diga lo que se diga. No hay otra alternativa posible en caso de que se asigne el servicio a los registradores.

En definitiva, y aunque el Gobierno lo niegue, serán los usuarios de los registros quienes financien el servicio público. Ya sean los del Registro civil, con lo que el argumento de la gratuidad se esfuma, ya sean los usuarios de los registros de la Propiedad y Mercantil, lo cual, además de injusto y perjudicar al tráfico jurídico y económico, es contrario a la Constitución y a las Directivas Comunitarias que prohíben que los Aranceles registrales se destinen a financiar servicios distintos al acto que los generan.

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Descripción contacto: comunicado de prensa de la Asociación de Registradores Francisco de Cárdenas, sobre la reforma del Registro Civil.

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