Anticorrupción mantiene 12 años de cárcel para Rus por los 'zombies' de Imelsa y eleva la pena al 'yonki del dinero'

   VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de 12 años de prisión para el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por las piezas B y F del caso Imelsa, conocidas como las de los 'zombies', mientras que eleva la pena para el exgerente de la empresa pública Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', al eliminar la circunstancia atenuante de arrepentimiento. De esta forma, le relama también 12 años de cárcel frente a los nueve y medio que solicitaba inicialmente.

   Así lo ha avanzado el fiscal cuando ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia por el conocido como caso Imelsa, en el que se ha juzgado a 25 personas --inicialmente eran 26 pero se acordó dejar a una de ellas para un procedimiento separado--. Once de los acusados han reconocido los hechos delictivos y han alcanzado un pacto con las acusaciones, por lo que se les ha fijado la pena de 14 meses de cárcel.

   Entre las personas juzgadas en las piezas B y F de Imelsa se encuentra Rus, el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV), el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.

   Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo de 2022 se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el exgerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado 'yonki del dinero', como principal acusado y quien fue condenado a ocho años de prisión.

   En este procedimient, Fiscalía mantiene los 12 años de prisión para Rus por los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.

   Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.

   A Marcos Benavent, el ministerio público le ha elevado la pena y le reclama 12 años de cárcel al eliminar de su escrito provisional la circunstancia atenuante de arrepentimiento --inicialmente le pedía nueve años y medio de prisión--.

   Por su parte, para el exdiputado provincial y exsubdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio --también investigado en el conocido como caso Azud--, el fiscal le mantiene los seis años de prisión aunque le modifica la autoría del delito de falsedad particular por el de falsedad de documento público. Este cambio no le ha supuesto un aumento de pena.

   Para la entonces directora de Recursos Humanos y el director financiero de Imelsa, María Gracia Escrihuela y José Enrique Montblanc, la Fiscalía reclama otros seis años de cárcel.

LA ABOGACÍA DE LA GENERALITAT

   Por su parte, la Abogacía de la Generalitat, que ejerce de acusación particular en el procedimiento de los 'zombies' de Ciegsa, solicita seis años de cárcel para Caturla por un delito continuado de malversación de caudales públicos, además de 20 años de inhabilitación.

   Respecto a los acusados que han reconocido los hechos, les ha rebajado la petición de pena en los mismos términos que ha realizado el fiscal tras aplicarles las circunstancias atenuantes de confesión y haber satisfecho el pago de la responsabilidad civil. Esta parte ha retirado, por otro lado, la acusación contra Clara Sáez al estimar que su actuación no fue antijurídica.

   Clara Sáez defendió durante el juicio que trabajaba en el gabinete de prensa de la Conselleria de Cultura pero aseguró que su contrato estuvo vinculado a diferentes entidades: la conselleria, la Fundación del Libro, la de Jaume II y luego a Ciegsa. Pese a ello, la acusada insistió en que "siempre" desempeñó su trabajo en la conselleria y que no cometió ninguna irregularidad.

   Por su parte, Alfonso Rus, en la vista, se desentendió de Imelsa y de Ciegsa y negó haber cometido algún tipo de irregularidad durante su etapa en la Diputación: "jamás contraté a 'zombies' ni dí órdenes al respecto", sentenció.