Anticorrupción pide 16 años de cárcel para el exconseller Blasco por malversar dinero de subvenciones a ONG

VALÈNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Anticorrupción solicita 16 años de cárcel para Rafael Blasco, exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en las Corts, por malversar dinero de subvenciones a ONG y por el proyecto de construcción de un hospital en Haití que finalmente no llegó a ejecutarse.

Se trata de las piezas 2 y 3 del conocido como caso Cooperación, por las que el fiscal encargado del procedimiento ha presentado su escrito de acusación provisional en el Juzgado de Instrucción número 21 de València que se dirige contra 20 de los 21 procesados, para los que reclama un total de 167 años, 11 meses y 1 día de prisión. Deja fuera a Fernando Cañete, administrador de Fudersa, y solicita como responsabilidad civil la cantidad de 4.639.840 euros a favor de la Generalitat.

En esta causa hay dos acusaciones más: la Abogacía de la Generalitat --particular-- y la CVONGD --popular--, quienes reclaman 172 años y medio y 150 años de prisión en total para los 21 procesados respectivamente.

La pena más elevada que solicita el fiscal es para el empresario Augusto César Tauroni --en prisión por la pieza principal de este caso--, para quien reclama 21 años y medio de cárcel. También pide que se le fije una multa de 3.136.800 euros y que se le decomisen sus dos apartamentos de Miami y un yate, además del dinero de las cuentas de EEUU de diferentes sociedad por un delito de blanqueo de capitales.

Blasco, también en la cárcel tras ser condenado a seis años y medio por la pieza 1 del procedimiento, se enfrentará, según lo que solicita el ministerio público, a 16 años de prisión por los delitos de malversación de caudales, prevaricación y falsedad. También se le reclama el pago de una multa de 144.000 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de empleo o cargo público por 12 años.

El fiscal reclama la misma pena para el exjefe de Área de Cooperación Marc Llinares (16 años); y le sigue el hermano de Tauroni, Arturo Tauroni, para quien solicita 10 años de cárcel. Este último también fue director de la Fundación Hemisferio.

Así mismo, reclama nueve años y medio de prisión para Luis Castel, responsable de la empresa evaluadora Caaz; para María Isabel Castillo, exsecretaria de Tauroni, quien aseguró que a Blasco se le llamaba 'Conill'; para Alfonso Navarro, administrador de Arcmed y presidente de Hemisferio; para José Bollaín, letrado que figura como firma autorizada en ocho de las 14 cuentas pertenecientes a cinco ONG; y para Luis Freire, administrador de APIMA Ingeniería S.L.

Les siguen Adolfo Soler, exadministrador de Dinamiz-e, una de las empresas de Tauroni, para quien el fiscal pide nueve años y cuatro meses de prisión, la misma que para Jesús Urquiza, director técnico y trabajador de Inversiones y Estudios Caaz.

Además, el ministerio público reclama siete años y medio para Josep María Felip, ex director general de Cooperación; siete años y dos meses para José Luis Mezquita, administrador de Matuscas; y siete años y un mes para Rosa María Castelo, empresaria que cobró supuestamente facturas falsas a través de las empresas Beconsa y APB arquitectura; y Alberto Pampín.

El fiscal solicita así mismo seis años de prisión para la mujer de Tauroni, Alina Indiekina, quien también ocupó el cargo de vicepresidenta de las empresas Indra Holding and Consulting Corporation. Junto a la pena de cárcel, requiere que se le decomisen los dos apartamentos de Miami --en propiedad con su marido--, el yate y el dinero de las cuentas de EEUU de varias sociedades.

Tanto Tina Sanjuán, ex secretaria general de la Conselleria de Solidaridad, como María Dolores Escandell, exjefa de Servicio, se enfrentan a cuatro años de cárcel; Rafael Barrera, presidente de la organización Fudersa, a tres años y al pago de una multa de 800.000 euros; y Carlos Andrés Chust, administrador de Chust Alzira, a un año y 11 meses de prisión.

MÁS PIEZAS

Blasco y su equipo de la conselleria ya fueron condenados en la pieza principal del procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a penas de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a la Cooperación y el Desarrollo para proyectos en Nicaragua. Tras varios recursos, el Tribunal Supremo ratificó las condenas pero rebajó algunas penas. Blasco fue condenado a seis años y medio de prisión y Tauroni a seis.

El juzgado mantiene abierta la investigación de otras dos piezas dentro de este procedimiento --la 4 y 5--. Una de ellas, relacionada con las irregularidades en la contratación de los servicios informáticos de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 por parte de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía. La otra pieza investiga si el empresario Augusto César Tauroni utilizó un ordenador de la cárcel de Picassent, donde estaba preso tras la condena por la primera pieza, para realizar operaciones encaminadas a ocultar su patrimonio.