Anticorrupción rebaja de 19 a 17 años de prisión la petición de pena a Zaplana en el caso Erial

   VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado dos años la petición de cárcel para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro con el PP Eduardo Zaplana por el caso Erial, con lo que le reclama 17 años de prisión frente a los 19 que solicitaba inicialmente. Esta rebaja se justifica en la eliminación del delito de falsedad en documento oficial.

   Así, el fiscal le mantiene los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa. Junto a la pena de prisión le solicita una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros.

   Por otro lado, el ministerio público ha rebajado la pena a alrededor de dos años para los conformados en el procedimiento --los hermanos Vicente y José Cotino; Joaquín Barceló, testaferro confeso de Zaplana; y Juan Francisco Gracía, exjefe de Gabinete del 'expresident'-- y ha retirado la acusación a la exdiputada 'popular' Elvira Suances, a Pedro Romero, el peluquero de Zaplana, y al empresario Ángel Salas. Sobre los conformados, pese a que no entrarán en prisión, sí pagarán más de 10 millones de euros en multas.

   Así lo ha avanzado el fiscal Pablo Ponce en el momento de elevar a definitivas las conclusiones de su escrito en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia contra Zaplana y otras 14 personas más por Erial. En este procedimiento se ha investigado el supuesto cobro de más de 10 millones de euros en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos de la Comunitat Valenciana.

   Respecto a Elvira Suances, Pedro Romero y Ángel Salas, el fiscal les ha retirado la acusación al no ver suficientes indicios de criminalidad para mantenerles en el procedimiento. Sobre Suances, a quien pedía cinco años de prisión inicialmente, ha manifestado que había indicios de su participación en un delito de blanqueo de capitales a través de conversaciones telefónicas con su hermano y con Barceló. Sin embargo, a la vista de la prueba, es "insuficiente" esta participación para atribuirle la cooperación necesaria en el delito "más allá de su relación personal con Zaplana".

   Sobre Pedro Romero, el ministerio público también ve insuficiente que se haya probado su participación en el entramado financiero mientras que sobre Salas, pese a que sí aparecía en intervenciones telefónicas, "no hay prueba suficiente para entenderlo como cooperación en blanqueo", ha resaltado el fiscal.

   Por otro lado, el ministerio público ha rebajado la pena para el que fuera presidente de la Generalitat José Luis Olivas, a quien reclama finalmente dos años de prisión al retirarle el delito de prevaricación y mantener el de cohecho.

PRUEBA Y AN

   El fiscal ha insistido en la vista en la "validez" de toda la prueba desplegada en instrucción y durante el juicio y ha reiterado que no se ha acreditado que sea la Audiencia Nacional el órgano competente para entender este procedimiento --pese a lo que sí defiende el letrado de Zaplana--.

   Además, el fiscal ha negado dilaciones indebidas en el procedimiento: "Se han desplegado las actuaciones cuando se ha tenido conocimiento de los delitos. La causa ha sido instruida con evidente celeridad pese a los hechos complejos que afectaban a sociedades, intervenciones telefónicas, informes periciales y comisiones rogatorias", ha enumerado.

   Por otro lado, ha defendido su posición respecto al empresario Fernando Belhot, testigo en la causa, y ha defendido la legalidad de los conocidos como 'papeles del sirio' que dieron origen a la causa. "Los agentes de Policía Judicial no pueden hacer oídos sordos ni cerrar la vista ante hechos nuevos que aparecen en una investigación", ha defendido. Los papeles los encontró un ciudadano de origen sirio en un piso que había pertenecido a Zaplana.