Antifraude ve "déficits" en contratos menores del Ayuntamiento de València y pide impedir ofertas de personas vinculadas

   El equipo de gobierno subraya que no aprecia corrupción y que se va a "reformular" la normativa y el PP lo califica de "escandaloso"

   VALNCIA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Valenciana Antifraude considera que se han producido "déficits" en el adecuado cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo en algunas contrataciones menores del Ayuntamiento de Valncia y realiza al consistorio una serie de recomendaciones, entre ellas que se adopten "las medidas y trámites necesarios para impedir la presentación de ofertas por personas vinculadas".

   Según figura en el informe de Antifraude, consultado por Europa Press, el procedimiento se inició tras recibir un escrito sobre "presuntas irregularidades" cometidas en relación con determinados contratos realizados por el Ayuntamiento de Valencia y la Empresa Municipal de Transportes. Entre los hechos manifestados resultaba "de especial relevancia" la existencia de diversas adjudicaciones de contratos separados, tanto a la sociedad La Paisatgeria, S.C.P. como a los diferentes integrantes de la entidad.

   Tras estudiar los hechos, el organismo de control concluye que, "en el presente caso, el relato incorporado a la denuncia junto con los demás elementos y documentos analizados no permite afirmar que los hechos denunciados sean susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción".

   Sin embargo, sí detecta algunas "prácticas irregulares que no cumplen adecuadamente con los principios inspiradores de la legislación sobre contratación pública", entre los que cita la falta de fijación y justificación de criterios para la valoración del precio del contrato y su ajuste a los precios de mercado; que en alguno expedientes se ha formalizado la adjudicación en favor de la propuestas que no suponen el mayor ahorro económico , así como que se has solicitado oferta a proveedores previamente vinculados por relaciones interprofesionales.

   En este sentido, advierte que "se podría haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos, lo que podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado".

   Procede, por lo tanto, añade el documento, recomendar al Ayuntamiento de Valencia que adopte las disposiciones internas que procedan en orden a que por los órganos gestores se adopten las medidas y trámites necesarios en orden a impedir la presentación de ofertas por personas vinculadas o que tenga relaciones profesionales entre sí que limiten la competencia real.

   Otras sugerencias de Antifraude son actualizar y adaptar las instrucciones internas de contratación para que los órganos gestores se fijen, con antelación a la adjudicación de los contratos menores, los criterios para determinar el precio del contrato y su ajuste a precios de mercado, dejando constancia de todo ello en los expedientes de contratación o que se incorporen "justificada y detalladamente los criterios técnicos o juicios de valor que fundamentan la adjudicación de contrataciones menores a las ofertas que no son las más ventajosas económicamente".

TRES MESES

   Finalmente, se da un plazo de tres meses para informar de las medidas adoptadas a la Dirección de Análisis e Investigación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.

   Sobre el informe de Antifraude, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha calificado de "escandaloso el rosario de irregularidades detectado en las obras provisionales de la plaza del Ayuntamiento".

   La edil 'popular' insta al alcalde, Joan Ribó a "dar explicaciones y asumir responsabilidades". "Antifraude señala precios fuera de mercado, selección de ofertas menos ventajosas económicamente sin justificación, y licitadores en contratos relacionados, entre otras irregularidades. Y todo a una misma sociedad o sus socios", subraya Catalá, que agrega que "los contratos a dedo adjudicados a Paisatgeria por el gobierno de Ribó y Generalitat ascienden a más de 430.000 euros".

   "Ribó encadena una tras otro informes demoledores de Antifraude. El problema es que luego ni Compromís ni PSOE hacen caso a las recomendaciones de la agencia e incumplen todo lo que se les pide. Cabe preguntarse para qué crearon la Agencia Antifraude si después no creen en ella y pasan de sus conclusiones", plantea Catalá, que asevera: "El rosario de irregularidades detectadas y el pasotismo ante Antiftaude demuestra que lo de la transparencia y el buen gobierno era solo un eslogan de la izquierda".

   Por su parte, el vicealcalde, Sergi Campillo, ha acusado María José Catalá de "faltar a la verdad" con estas manifestaciones, ya que "literalmente" las conclusiones de Antifraude dicen que no hay corrupción.

   "El PP puede dar todas las vueltas que quiera, pero lo que dice la agencia es que, en todo caso, se pueden haber producido algunos déficits en la tramitación de contratos menores y lo que hace es una recomendación para que se cambie y mejorar el procedimiento. Y eso justamente lo que se va a hacer".

   Así, Campillo ha anunciado que "este gobierno, que es honrado, va a encargar a la vicesecretaria general del Ayuntamiento de Valncia una reformulación de la instrucción de la contratación que, por cierto, comenzó con nuestro gobierno porque con el anterior del PP no había ninguna".

"SE LO PASABAN POR EL FORRO"

   En este punto, ha considerado que los anteriores responsables 'populares' "como poco se pasaban por el forro" estas cuestiones y lo ha contratado con el actual gobierno municipal, que "va a atender la mayor parte de las recomendaciones de Antifraude" porque "siempre hay margen de mejora".

   "Nosotros no somos como el PP, no hemos sido condenados por corrupción, eso lo ha sido el partido de la señora Catalá", ha sentenciado.

   Por otro lado, ha dado a conocer que hoy han sabido que el Consell de Transparencia ha dado la razón al Ayuntamiento frente a la demanda del portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, que "quería acceder a este expediente antes de tiempo".

   Según Campillo, el organismo "ha dictaminado que no hay derecho de acceso cuando las resoluciones son provisionales y están en curso", al tiempo que ha afeado a PP y Cs que intenten "pervertir la naturaleza" de los órganos de gestión para hacer "oposición a cualquier coste".