El alcalde de València, Joan Ribó, y el secretario autonómico de Vicepresidencia de la Generalitat rechazan el proyecto
VALÈNCIA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), reunido este viernes en sesión extraordinaria, ha dado luz verde al Proyecto Constructivo del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte del Puerto de València, dotado de una inversión público-privado de cerca de 1.564 millones de euros, con los votos en contra del alcalde de València, Joan Ribó, y el secretario autonómico de Vicepresidencia de la Generalitat, Iván Castañón, ambos de Compromís.
La APV convocó la sesión extraordinaria tras recibir el Informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina del Ministerio para la Transición Ecológica, favorable al proyecto con 21 condiciones.
El presidente de la APV, Aurelio Martínez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión, ha explicado que "inmediatamente" el proyecto se remitirá a Puertos del Estado para que a su vez lo envíe al Consejo de Ministros, que entiende que podrá "contestar con cierta urgencia". Por su parte, la APV ha empezado a preparar la documentación de licitación de las obras. Así, estima que la licitación tendrá lugar en el primer trimestre de 2023 y que se concluyan los procesos de adjudicación a lo largo de 2023.
El proyecto constructivo cuenta con un presupuesto base de 542.694.149,17 euros de inversión pública, a los que se añaden los 1.012 millones que aportará la empresa Terminal Investment Limited (TIL), del grupo MSC, que será la encargada de la construcción y explotación, en régimen de concesión administrativa, de la nueva terminal. Aurelio Martínez ha avanzado que debido a la subida generalizada de costes se prevé "sobrepasar" las cifras inicialmente previstas.
La terminal norte de contenedores tendrá una superficie de unas 137 hectáreas y 1.970 metros de línea de atraque, con una capacidad para albergar 5 millones de contenedores. Contará con diseño, tecnologías y equipamiento de "última generación", una instalación totalmente electrificada que permitirá suministrar a los barcos y el objetivo es que el origen de su electricidad proceda al 100% de fuentes renovables. En su proyecto, TIL ofrece desarrollar una terminal ferroviaria dotada de 6 vías de 1.000 metros de longitud, con capacidad para mover 305.000 TEUs/año por ferrocarril.
Martínez, que ha hecho un repaso de los diferentes informes técnicos presentados a favor del proyecto --entre ellos uno de la Abogacía del Estado--, ha destacado que la ampliación norte supondrá "la mayor inversión realizada nunca en el Puerto de València y probablemente la mayor inversión en cualquier puerto de España".
NO DEJAR EL PROYECTO EN MANOS DEL "ENFOQUE POLÍTICO"
El presidente de la APV ha defendido que este tipo de decisiones estratégicas no se pueden "dejar al albor del enfoque político que tenga cada partido" sino deben basarse "en informes técnicos" que, ha insistido, se han pedido a "todas las personas que se ha entendido que tenían mayor relevancia técnica".
Sobre si considera que el hecho de sacar adelante el proyecto con dos votos en contra le resta legitimidad, Martínez ha defendido que "en democracia cuando se vota se gana por mayoría" y que, si se tuviesen que buscar unanimidades, "en política no habría ningún acuerdo".
Preguntado por las críticas a que la APV sea impulsora del proyecto y al mismo tiempo la que decide si procede una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) --la vigente data de 2007--, Martínez ha defendido que un informe de la Abogacía del Estado refrenda que sea así y ha señalado que cuando el órgano jurídico "de referencia" para determinar esta cuestión indica que debe ser la APV "no hay mucho más que debatir".
A su juicio, las reclamaciones de una nueva DIA han tenido el "objetivo único de dilatar el proceso" y ha planteado qué pasaría si se exigiese una DIA, que tarda "aproximadamente unos cinco años", para la gigafactoría de baterías de Volkswagen. "¿Se habría ubicado en Sagunt?", ha cuestionado.
Por su parte, el director general de la APV, Francesc Sánchez, que ha repasado los datos técnicos del Informe de Compatibilidad con la Estrategia Marina emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica, ha remarcado que "desde el punto de vista técnico" los análisis y observaciones incluidos en este documento son "similares a los que habría tramitando una DIA" y "cabría esperar que habría llegado a las mismas conclusiones".
EL INFORME DE COSTAS NO MODIFICA EL PROYECTO
Sánchez se ha detenido en algunas de las 21 condiciones planteadas por el informe favorable y ha señalado que estas no implican que la APV deba "modificar" del proyecto constructivo, "en todo caso añadir condiciones al pliego de cláusulas administrativas y al Plan de Vigilancia Ambiental (PVA).
Entre las 21 condiciones ha destacado tres ámbitos. Por un lado, el informe de Costas apunta que el dragado de material de préstamo en el banco de arenas submarino situado al sur del Puerto de València, frente a las costas de Sueca y Cullera, "posee un espesor de la capa de finos tan pequeño que no es técnicamente posible" dragar "sin arrastrar arena", por lo que solicita que "no se realice ningún tipo de extracción de material para la ampliación del puerto" de este enclave, de acuerdo al propio documento.
Sobre este asunto, Sánchez ha explicado que la Dirección General hace referencia a un "polígono dentro de todo el banco de Cullera" pero "dice que hay más polígonos que tras su estudio podrían servir" dentro de esta zona. Según el director general de la APV, el proyecto "en ningún momento hace alusión a este polígono en concreto", por lo que se mantiene el banco como posible fuente de material. Es más, ha señalado que se contribuirá a "procesos de regeneración de las playas" al limpiarlo.
Preguntado sobre si se puede extraer material de otros sitios, ha señalado que Costas está tramitando una DIA para definir como banco de arena integral toda la zona". Si no estuviese lista la DIA, se extraería material de "fuentes que vienen recogidas en el propio proyecto" y ha citado como ejemplo material de derribo que puede proceder de la construcción de las obras del túnel pasante.
Por otra parte, ha destacado que el informe señala la "obligación legal de, si aparecen en las obras de dragado arenas aptas para playas", aportarla para las mismas. A este respecto, ha defendido que los estudios de granulometría realizados concluyen que "no son aptas" pero el informe del Miteco "pone dudas de si pudiera haber alguna zona que no se ha analizado con suficiente detalle". Por ello, ha asegurado que se ha dado instrucción al departamento técnico de la Autoridad Portuaria para que realice "trabajos adicionales de sondeo" y ha subrayado el "compromiso" de efectuar aportaciones si estas pruebas así lo determinaran.
En tercer lugar, se ha referido a condiciones sobre procesos constructivos, materiales o el PVA, y ha señalado que "todas ellas o bien ya están recogidas en el proyecto o se van a poner en el pliego de condiciones y añadir al Plan de Vigilancia". Así, ha valorado que son "absolutamente asumibles y lógicas".
Asimismo, preguntado por el seguimiento y vigilancia a los que obligaba la DIA de 2007, ha asegurado que se llevó a cabo el plan de vigilancia sobre la afectación de las playas y que cualquier proyecto de regeneración y aporte de arenas "lo tiene que hacer Costas" y, en "el momento en que exista ese proyecto" la APV estará "dispuesta a incrementar su aportación para facilitar la regeneración de la costa".
Sánchez ha remarcado que las actuaciones del proyecto constructivo se enmarcan dentro de las aguas abrigadas de los puertos de València y Sagunt y "no hay ninguna afección exterior", aunque el Plan de Vigilancia controlará además que no se estén produciendo afectaciones.