VALNCIA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Consell ha aprobado el texto definitivo del Decreto ley de Medidas Urgentes en Respuesta a la Emergencia Energética y Económica originada por la guerra de Ucrania tras incorporar las observaciones de la Abogacía de la Generalitat que la "acelerada" tramitación del texto anterior --aprobado el 1 de abril y que este nuevo decreto deja sin efecto-- no permitió incluir.
Según ha indicado el Consell, el conocido como decreto "omnibus", de 36 páginas, tiene como objetivos principales "conseguir la soberanía energética y ayudar económicamente a las familias y personas más vulnerables, así como dar soporte a los sectores industriales y empresas más afectadas por el actual contexto mundial".
La norma ha sido impulsada de manera transversal desde distintas áreas del Gobierno valenciano, al incluir diversas iniciativas de carácter administrativo, económico y social. En este sentido, en el decreto ley se establecen medidas para relanzar la creación de nuevas instalaciones de energías renovables, en especial las plantas eólicas y fotovoltaicas, además de iniciativas sociales para ayudar a las familias y personas más vulnerables.
En cuanto a las medidas sociales, se modifica la Ley de Renta Valenciana de Inclusión de manera que se establece un incremento de hasta el 30% de la prestación económica reconocida para sufragar los gastos de alquiler o hipoteca de la vivienda habitual de la persona destinataria de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), así como para garantizar el acceso a los suministros energéticos básicos, siempre que no reciba ninguna cuantía por el mismo concepto procedente de cualquier Administración.
Para las personas destinatarias de la RVI que no tengan ningún gasto relacionado con la vivienda, el incremento será de un 15 % para garantizar los derechos energéticos, y un importe mínimo de 50 euros en aquellas unidades de convivencia que tuvieran ingresos y no superen el importe máximo establecido para cada modalidad. El objetivo es garantizar los derechos energéticos de las familias y las personas afectadas.
Asimismo, este decreto ley simplifica los procedimientos administrativos y elimina trabas burocráticas para impulsar la instalación de plantas de energía renovables. Se prevé que, con esta nueva normativa, se pueda llegar a reducir el tiempo de tramitación en un año, lo que supone un avance para contar con una mayor capacidad energética renovable en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con los objetivos medioambientales, energéticos y climáticos de la Unión Europea para 2030.
En el ámbito de las energías renovables, se establece además una ocupación para implantar instalaciones de energía renovable del 3% de la superficie del suelo no urbanizable común de cada municipio, estableciendo criterios de ponderación con el objetivo de incentivar que dichas instalaciones se ubiquen en suelos de menor valor agrológico.
Igualmente, se facilita la puesta en marcha de instalaciones de energía renovable que ocupen menos de 10 hectáreas incrementando la participación de los ayuntamientos, encargados de realizar los informes pertinentes. Además, se favorece la implantación de centrales fotovoltaicas de iniciativa pública.
Por otro lado, se refuerza la agilización normativa para las plantas de energías renovables de menos de 10 MW, que ahora tendrán una tramitación de urgencia y se incorporan también cambios normativos de agilización para plantas con menor capacidad. Igualmente, se favorece la instalación de plantas públicas de generación de energía verde en los municipios y se incorpora la posibilidad de declaración energética/estratégica para proyectos singulares que puedan ser de interés o bien económico, energético o ambiental.
APOYO A LA INDUSTRIA CERÁMICA
Asimismo, el decreto ley incluye medidas de apoyo económico a los sectores más afectados por la crisis provocada por la guerra, como el cerámico. En este sentido, se agilizan los trámites en las explotaciones de arcillas industriales por el procedimiento de urgencia, siempre que el destino sea la industria del azulejo de la Comunitat Valenciana y durante un periodo máximo de dos años.
El decreto incluye, por otro lado, modificaciones normativas que afectan, por ejemplo, al plan Edificant de construcción y adecuación de infraestructuras educativas y que están relacionadas con el incremento de precios de materiales de obras. A tal efecto se establece que, en los casos en que la financiación concedida resulte insuficiente para satisfacer la revisión de precios excepcional, esta financiación sea aumentada automáticamente con el importe necesario.
En cuanto a las acciones del Consell para el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, se determina que las subvenciones podrán librarse inmediatamente, una vez concedidas, hasta el 100%, con carácter previo a la justificación con la finalidad de agilizar el pago.