VALÈNCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un informe ha denunciado diferentes "arbitrariedades" y vulneración de derechos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores de València y alude a una mala alimentación y a la deshumanización de los internos, entre otras cuestiones.
Así se desprende del II Informe Discriminación Cotidiana por Racismo y Xenofobia en València presentado este esta semana por parte de Accem, Campaña CIEs NO, CEAR-PV, Convive Fundación Cepaim, Elche Acoge, Movimiento Por la Paz, Rumiñahui y València Acull.
Una parte del informe se dedica al CIE de Zapadores y se expone que las "arbitrariedades", tanto de las personas encerradas como de las que les acompañan, se han vuelto a suceder durante este año en el centro, según ha podido constatar la Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones y se ha reflejado en informes de la Defensoría del Pueblo.
Al respecto, se alude a "deficiencias" en los servicios prestados como una mala alimentación o una atención médica limitada; a una deshumanización de los internos --les llaman por el número que les asignan y les revuelven sus pertenencias a diario--; obstáculos en el derecho al asilo; internamiento de personas con graves problemas de salud mental; restricciones en el contacto con los familiares; y espionaje en las entrevistas.
"Estas son algunas de las violaciones a los derechos de personas que en muchos casos han sido privadas de libertad por una simple infracción administrativa: carecer de permiso de residencia", se denuncia en el texto.
A finales de febrero, personal técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo inspeccionó el CIE y elaboraron un informe. Una de las conclusiones fue la "arbitrariedad" con la que actúa la policía, pues verificó que no existe "ningún protocolo de actuación para el caso de que se produzcan incidentes graves --fallecimientos, malos tratos, fugas, etc--. Por tanto, no se dispone de libro de registro de denuncias de malos tratos.
También constataron, de nuevo, el "malestar" que produce a los internos que los agentes les llamen por el número asignado en el CIE en lugar de por su nombre, lo cual "supone una deshumanización de las personas", se advierte.
Así mismo, el informe detalla "numerosas deficiencias" en el acceso a la salud de los internos, varias de las cuales se solventarían si se cumpliera con la normativa vigente y se asignara un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de personal médico perteneciente a la Administración General del Estado. Esto provoca "grandes dificultades" para que los internos reciban asistencia médica especializada y atención adecuada en tratamiento de deshabituación, se expone.
Otra "arbitrariedad" que destacan y a la que la dirección del CIE "viene haciendo caso omiso" desde hace muchos años es la imposibilidad de contacto físico entre los internos y sus familiares. En el informe se concluye que la solución a todas estas vulneraciones es el cierre definitivo de estas "cárceles racistas".
DISCURSOS DE ODIO
Por otro lado, el informe se detiene en los discursos de odio y afirma que hay un crecimiento "alarmante" de esta lacra social en el Estado y que, mayoritariamente, se cometen por racismo y xenofobia.
La memoria de la Fiscalía General del Estado constató que se incrementaron un 300% en 2023 con respecto a 2022; de las 511 diligencias abiertas, 268 fueron provocadas por racismo y xenofobia. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinieron en 2.268 delitos e incidentes de odio, 856 por racismo y xenofobia --la causa principal--, según la memoria del año pasado del Ministerio del Interior.
En la Comunitat Valenciana los datos no son mejores. La Fiscalía contra los Delitos de Odio de València abrió en 2023 un total de 106 investigaciones, 56 por racismo o xenofobia. Por su parte, Interior registró 251 casos, la mayoría por racismo y xenofobia: 95 --76 en 2022--.
Este incremento exponencial "tiene una causa y unos autores bien definidos": "el auge de los discursos de odio propagados por la ultraderecha que aumentan la violencia", se apunta en el informe. En 2023, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones registró en las redes sociales 2.655 contenidos de odio racista, xenófobo, antisemita, antigitano o islamófobo.
PRÁCTICAS POLICIALES
Por otra parte, en el informe se detallan denuncias de personas migrantes por "malas prácticas policiales". Sobretodo se han documentado casos en los que las víctimas se encontraban en situación administrativa irregular, ya que son las más indefensas entre la población migrante y, por tanto, las más expuestas a sufrir todo tipo de discriminaciones. "Por eso, una vez más, hay que reiterar que las situaciones que exponemos son solo una muestra no representativa a efectos estadísticos de la realidad", se detalla.
Durante 2023, las principales denuncias recibidas se volvieron a referir a las identificaciones por perfil étnico y a la falta de mecanismos para ejercer la denuncia segura por parte de personas en situación administrativa irregular.
"La práctica policial de parar, identificar y cachear en plena calle solo a las personas extranjeras con aspecto no europeo sigue siendo algo cotidiano, a pesar de los desmentidos oficiales, de las recomendaciones de instituciones internacionales y nacionales y de, incluso, la propia normativa interna de la policía, que ordena evitar las identificaciones innecesarias, arbitrarias y abusivas", se lamenta.
También se han detectado casos en los que la Policía Local de València ha comenzado a expedir actas de citación para ser sancionadas a las personas en situación administrativa irregular que identifican, se añade en el mismo informe.
"A pesar de no tener competencias en extranjería y de no figurar entre sus funciones, indagan sobre la situación administrativa de quienes paran en la calle, aunque no hayan cometido ningún delito, lo comunican a la Policía Nacional y les entregan una citación para que comparezcan ante la Brigada de Extranjería para que les incoe la sanción", se advierte.
Ante estos casos, en el informe se exige que cesen las identificaciones raciales en cumplimiento de las recomendaciones de organismos de derechos humanos y que se reforme la normativa de extranjería para eximir de sanciones por estancia irregular a quienes acudan ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a formular una denuncia, solicitar información o gestionar cualquier tipo de trámite administrativo.