VALÈNCIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado al juzgado que cite a declarar en calidad de investigados a los dos dueños de una funeraria en la trama por la supuesta venta de cadáveres desarticulada el pasado año en València.
De esta forma, el tribunal estima el recurso del ministerio fiscal contra el auto del juzgado que acordó seguir con el procedimiento únicamente con dos trabajadores de la funeraria y dejó sobreseída la causa contra dos responsables de la mercantil.
Así, revoca la resolución judicial para que se vuelva a la fase de diligencias previas y se practique la declaración de los responsables de la funeraria en calidad de investigados para permitirles ejercer convenientemente su derecho de defensa. Será después cuando el juez deberá, atendiendo al resultado de las declaraciones, dictar un nuevo auto acordando el sobreseimiento o, bien, la continuación por los trámites del procedimiento abreviado o la práctica de más diligencias.
La Audiencia ha adoptado esta decisión, contra la que no cabe recurso, al recordar que el propio juez sugería una supuesta autoría material del delito de falsedad de los dueños de la funeraria, "llegando a afirmarla abiertamente" en otro auto. Además, se remite al relato de hechos recogidos por el magistrado y a la declaración que prestó uno de los trabajadores, quien señaló a los dueños de la funeraria como participantes en lo ocurrido.
LA CAUSA
La causa judicial se abrió en abril de 2023 en el Juzgado de Instrucción número 1 de València por un delito de falsedad en documento privado y en documento oficial en relación a los trámites seguidos por el personal de una empresa funeraria en la recogida del cadáver de un ciudadano francés, fallecido en diciembre de 2022, de un hospital, y su posterior entrega para estudio a una universidad. En esa causa estaban investigados inicialmente cuatro personas: dos responsables de la funeraria y dos trabajadores de la misma.
Tras la práctica de diligencias de investigación para esclarecer los hechos, entre ellas las declaraciones de los investigados, en julio de 2023 el magistrado instructor dictó un auto de procedimiento abreviado contra los dos trabajadores al entender que existían indicios suficientes contra ellos de la elaboración de documentos inexactos con el fin de lograr un lucro económico.
En cambio, acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias para los dos gestores de la funeraria al no apreciar indicios delictivos suficientes respecto a ellos. Este auto fue recurrido por la Fiscalía ante la Audiencia de Valencia al considerar que debían ser encausados los cuatro investigados y el tribunal se ha mostrado ahora favorable a la solicitud.
Meses después de destaparse los hechos, el Cuerpo Nacional de Policía realizó un atestado ampliatorio a fin de proseguir las investigaciones en relación al caso de otro fallecido y a presuntas irregularidades en incineraciones de más cadáveres. Esas pesquisas policiales implicaban a las cuatro mismas personas, es decir, a los dos responsables de la funeraria y los dos trabajadores.
Según informó en su día la Policía, el entramado criminal investigado supuestamente falsificaba documentación para poder retirar los cadáveres de hospitales y residencias para venderlos posteriormente a universidades para su estudio por 1.200 euros cada cadáver.
De acuerdo con la Policía, la trama llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar once incineraciones de cuerpos, una vez estudiados, las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operaban en la ciudad.
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