Benavent declara que Rus daba como "detalle" dinero de comisiones de Ciegsa a Llopis, Medina y Betoret

   VALÈNCIA, 25 Abr. (EUROPA PRESS)

El exgerente de Imelsa, autodenominado 'yonki del dinero' y recaudador del PP, Marcos Benavent, ha declarado este miércoles al juez del Juzgado de Instrucción número 18 de València que investiga el presunto pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de Ciegsa, que el expresidente de la Diputación provincial, Alfonso Rus, daba dinero, que él previamente le había entregado, a cargos del partidos y de la corporación como Emilio Llopis, Juan José Medina y Vicente Betoret en reuniones en restaurantes y que les decía que era "como detalle".

Así lo ha indicado en su declaración, en la que se ha referido a las reuniones "de gestión del PP" que mantenían en un restaurante y en las que normalmente estaban el propio Rus; su ex jefe de gabinete, Emilio Llopis; el exvicepresidente de la Diputación, Juan José Medina, y el ex presidente provincial del PP, Vicente Betoret.

Según ha podido saber Europa Press, Benavent ha relatado que en esas reuniones es donde entregaba el dinero a Rus, a veces poniéndolo en la mesa delante de todos, porque todos eran conocedores del asunto, y otras en el coche cuando se despedían.

Benavent, que fue gerente de la empresa pública Imelsa, asegura que todos los que estaban en esas reuniones cobraban, incluido Betoret, y que en ellas se hablaba del dinero que se había traído y de los pagos pendientes. En esta línea, ha señalado que el expresidente de la Diputación les decía que era "como detalle" y que ese "detalle" o tenía con todos los asistentes.

No obstante, preguntado por si en la negociación o cobro de comisiones en las obras le consta alguna intervención de Medina, Llopis o Betoret, más allá de su presencia en las comidas, lo ha negado, así como que hubiera entregado de forma directa el dinero a los dos primeros.

El exgerente de Imelsa, cuya comparecencia se ha pospuesto en varias ocasiones, se ha ratificado en anteriores declaraciones, ha confirmado que se que se cobraban comisiones ilegales a determinadas empresas. El 'yonki del dinero' ha señalado que él no estaba dentro de Ciegsa y, por lo tanto, desconocía el funcionamiento interno de la empresa, y ha dicho estar seguro de que cobró comisiones por obras adjudicadas a Cleop y Construcciones Luján, aunque no ha podido precisar cuántos cobros realizó en conjunto, pero sí que fueron por varias obras.

Asimismo, Benavent, ha dicho que no sabe de más personas que se encargaran de pedir comisiones para el PP a nivel provincial, además de él y del ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, y ha explicado que el proceso de cobro era automático: se iba y se cobraba lo que se debía cobrar, sin hablar mucho, y so no estaba todo, se volvía otro día. En el caso de Caturla, ha admitido no haberle visto cobrar las comisiones pero ha supuesto que sí que le consta porque era el "procedimiento normal".

Según su declaración, fue el propio Rus quien le remitió a Caturla, aunque una vez que el primero obtuvo la presidencia de la Diputación en 2006 y él fue nombrado gerente de Imelsa dejó de recaudar dinero por las comisiones. Asimismo, ha afirmado que creía recordar que alguna vez fue al despacho de Caturla y le dio dinero para Rus, aunque lo habitual era que fuera él a cobrar. Ambos hablaban para concretar qué cantidad se quedaban y qué parte entregaban al expresidente del PP provincial. Con el dinero de Luján y Cleop cree que el partido tuvo suficiente para su funcionamiento normal en ese momento.

Máximo Caturla, que declaró la pasada semana ante el juez, negó cualquier tipo de irregularidad en las adjudicaciones a empresas para la construcción de colegios y descargó en los técnicos la responsabilidad de las decisiones y trabajos realizados.

Junto a Caturla y Benavent, en esta pieza de Imelsa tienen la condición de investigados por cohecho, prevaricación y malversación Alfonso Rus; cuatro técnicos de Ciegsa y los responsables de mercantiles adjudicatarias Cleop, BM3 y Dragados.

En esta pieza el juez investiga la adjudicación de contratos sin respetar los principios de legalidad, concurrencia efectiva, imparcialidad y proscripción de la arbitrariedad con la finalidad de favorecer contractualmente a determinadas empresas en la adjudicación de obra pública a cambio de comisión o dádiva.