VALNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha reclamado a la Conselleria de Justicia e Interior una "investigación exhaustiva" de un acto taurino de personas con acondroplasia celebrado en la localidad valenciana de Casinos el pasado 9 de septiembre, una celebración que ha calificado de "denigrante", al tiempo que ha llamado a sancionar a los responsables del evento.
El Gobierno valenciano, por su parte, afirmó a principios de semana que estudiaría la queja de la Fundación Franz Weber por la autorización de este acto taurino con "enanitos toreros" --tal y como se indicaba en el cartel organizador-.
Ahora, CERMI CV ha recalcado, en un comunicado, que la celebración de este tipo de espectáculos está "terminantemente prohibida tanto por la ley estatal como por la normativa autonómica" y ha subrayado que la legislación vigente "prohíbe explícitamente espectáculos o actividades recreativas que utilicen a personas con discapacidad para suscitar burla, mofa o irrisión del público, y que atenten contra la dignidad humana". En este contexto, ha sostenido que el espectáculo "se considera una infracción muy grave de acuerdo con la ley".
La organización ha dirigido una carta institucional a la Dirección General de Interior en la que solicita una "investigación exhaustiva" de los hechos, así como identificar a "las responsabilidades correspondientes". Además, ha instado al Ayuntamiento de Casinos a tomar "las medidas necesarias en el ejercicio de sus competencias" para abordar esta cuestión.
Paralelamente, CERMI CV ha mostrado, tras los hechos producidos, su "preocupación" por la "falta de comunicación y coordinación entre administraciones", al tiempo que ha advertido de que situaciones de "flagrante vulneración de derechos" como esta "podrían haberse evitado" con una colaboración "más efectiva" entre las autoridades.
CERMI CV ha subrayado que la celebración de un espectáculo que "denigra" a las personas con discapacidad va "en contra de la Constitución Española, la normativa de protección de las personas con discapacidad a nivel estatal y autonómico, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, ratificada por España".
Por último, la entidad ha manifestado que "confía" en que los hechos se investiguen "con celeridad" y que se tomen "las medidas sancionadoras correspondientes" en el marco de la competencia de la Conselleria. Además, ha aprovechado para reiterar su compromiso con "la promoción de la igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su condición física o cualquier otra característica personal".