VALÈNCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (CERMI CV) ha propuesto a la Generalitat la implementación de un plan autonómico de desinstitucionalización para promover la vida independiente y en comunidad del colectivo.
Su propuesta contempla un programa de ayudas destinado a personas con discapacidad o personas mayores institucionalizadas, con una prestación de 12.000 euros por cada persona que decida abandonar la institución social residencial para trasladarse a una vivienda en la Comunitat Valenciana que reúna condiciones de habitabilidad y accesibilidad universal. Esta ayuda se aplicaría a viviendas bajo contrato de arrendamiento suscrito por el beneficiario.
Así lo ha trasladado la entidad en una reunión con la dirección general de Vivienda de la Conselleria de Servicios Sociales, representada por Ana Isabel Caballer, con el objetivo de garantizar que las políticas de vivienda en la Comunitat Valenciana sean inclusivas y accesibles para la ciudadanía, informa CERMI CV.
En el encuentro se han discutido y sugerido iniciativas con motivo de las dificultades --ya no solo de accesibilidad universal, sino económicas-- que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a viviendas dignas y accesibles.
Por ejemplo, la necesidad de un plan autonómico de desinstitucionalización que implique políticas sanitarias, de vivienda y de atención a la discapacidad y/o dependencia, promoviendo viviendas públicas accesibles y asequibles en los barrios urbanos, en base a la recién aprobada estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad. También ve relevante la Ley de Viviendas Colaborativas, aprobada por la Generalitat en abril de 2023, que busca fomentar hogares que combinen la autopromoción y autogestión con espacios compartidos, promoviendo la vida comunitaria y la inclusión social.
En este contexto, CERMI CV quiere que se impulsen nuevas formas de habitabilidad y convivencia que sean inclusivas e innovadoras, garantizando el derecho a vivir en un domicilio elegido con los apoyos necesarios.
Paralelamente, plantea una fiscalidad proactiva y nuevas prestaciones públicas para apoyar a las personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento de su vivienda, mediante la reactivación del Plan Renhata y la posibilidad de incluir estas ayudas en una orden como la 6/2022.
Otra de las peticiones que ha trasladado a la Generalitat es proporcionar información exhaustiva a la ciudadanía, mediante una relación de preguntas frecuentes relacionadas con el Plan VIVE de vivienda pública, alineadas con los principios de transparencia y buen gobierno.
MÁS VIVIENDA PÚBLICA Y MENOS DISPERSIÓN EN LA NORMATIVA
Además, ve necesario adecuar la "dispersa" legislación vigente de vivienda y poner en marcha de viviendas de protección pública (VPP) que respondan a la demanda, especialmente de los colectivos más vulnerables.
Finalmente, CERMI CV propone conformar una mesa técnica para la vivienda inclusiva o un consejo sobre la calidad de la arquitectura, con representación de todos los actores implicados en el ámbito de la vivienda incluyendo las entidades de la discapacidad.
La reunión ha concluido con un compromiso mutuo de continuar trabajando juntos para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a viviendas dignas, accesibles y asequibles, fortaleciendo así su inclusión y participación en la sociedad.