César Sánchez (PP) habla de "triunfo" por la suspensión del Plurilingüismo y propone al Consell un pacto en Educación

ALICANTE 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, se ha congratulado este miércoles de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspender cautelarmente la aplicación del decreto de Plurilingüismo, elaborado por la Conselleria de Educación, y ha asegurado que es un "triunfo de la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos".

Así, ha propuesto la sede de la Diputación para cerrar un pacto sobre Educación a nivel autonómico "para ese debate y participación ciudadana, contando con todos".

"Es un triunfo de la Diputación de Alicante en la defensa de los intereses y la identidad de la provincia", ha manifestado a los medios tras mantener un encuentro con el Delgado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues.

"No se puede construir una sociedad solo mirando lo que nos separa, sino mirando lo que nos une y lo que tenemos en común", ha opinado Sánchez, que ha puntualizado que "no se puede construir una sociedad atacando la realidad sociológica de un territorio. De una provincia que es castellanohablante y valencianohablante".

Asimismo, ha considerado: "No se puede atacar a una lengua, la española, hablada por más de 500 millones de personas en el mundo".

Por ello, ha propuesto al Consell "un pacto por la educación valenciana" y ha ofrecido la Diputación de Alicante como lugar de encuentro "para ese debate y participación ciudadana contando con todos".

Al respecto, ha achacado al Consell que "los mayores ataques de imposición, de opresión y de decreto" se han realizado contra la provincia, y ha acusado al Ejecutivo autonómico de que "no habla, impone".

César Sánchez ha puesto como ejemplo los decretos de turismo y deportes "y ahora lo han hecho en materia de Educación". "Les propongo la sede del Palacio de la Diputación para que se pueda residenciar ahí el proceso de participación ciudadana, la escucha activa a la sociedad civil y también el debate y el futuro acuerdo que necesitamos la sociedad valenciana, que afecta a la provincia de Alicante en el futuro", ha agregado.

Ha insistido en que "no se puede cambiar un modelo de sociedad a base de decretos, de imposiciones, de opresión y de falta de libertad, en menos de dos años". Y ha opinado: "No es el modelo que quieren los valencianos. Quieren construir una sociedad valenciana juntos; poniendo en común lo que nos une y lo que tenemos en común para construir el mañana. No única y exclusivamente mirando lo que nos separa a lo largo de nuestra historia".

Finalmente, ha afirmado que "el señor (Ximo) Puig y la señora (Mónica) Oltra --presidente y vicepresidenta de la Generalitat-- viven en el pasado, con debates decimonónicos y no se han dado cuenta que la sociedad valenciana ha avanzado y mira al futuro de otra manera".

"Con diálogo, participación y optimismo; mirando la importancia que tiene formar parte de un país que habla el castellano con más de 500 millones de hablantes en el mundo y con la identidad que tenemos en nuestra tierra del valenciano y con la oportunidad que supone que el inglés sea una tercera lengua que abra oportunidades a nuestros jóvenes", ha añadido.

RECURSO

La Diputación presentó un recurso contra el decreto del conseller, Vicent Marzà, a principios del mes de abril. El portavoz y diputado de Presidencia de la corporación provincial, Carlos Castillo, detalló que se solicitaba la suspensión cautelar del decreto, que entró en vigor en febrero y que en la práctica comenzaría su aplicación a partir del próximo curso.

La corporación provincial consideraba que esta norma del Consell "discrimina gravemente" a parte del alumnado y vulnera la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) "al obviar las zonas de exención" que expresamente incluye esa ley.

Asimismo, razonó que el decreto omite, a su parecer, el deber de "evitar cualquier discriminación por motivo lingüístico" por lo que "vulnera" los artículos 14 y 9.2 de la Constitución al "discriminar gravemente" a los alumnos escolarizados predominantemente en castellano --nivel básico--, al impartir menos inglés y no acreditarlo frente a los que lo hacen mayoritariamente en valenciano.

Castillo aseveró que la Diputación de Alicante se sentía "legitimada" para presentar el recurso para defender el interés general de la provincia.