VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Chiva (València) restituirá en su puesto al jefe de Policía Local tras archivarse el expediente disciplinario que tenía abierto por presuntamente patrullar de paisano y otras faltas, según ha informado en un comunicado el Sindicato Profesional de Jefes de Policía Local de la Comunitat Valenciana (Siprojefes).
El consistorio suspendió de empleo y sueldo a José Javier Collado por un periodo de seis meses tras acusarle de tres faltas graves y una muy grave. Las tres primeras hacían referencia a la emisión de un informe "desnaturalizado"; a "dejación de funciones" al no haber realizado las Memorias Anuales del cuerpo de los años 2014 y 2015; y a patrullar de paisano "habitualmente".
En cuanto a la falta muy grave, se le imputaba "insubordinación manifiesta" por redistribuir las tareas del intendente Francisco Esteso Navarro, quien durante este tiempo ha estado ejerciendo las funciones de jefe de la Policía Local de Chiva por mandato directo del alcalde, Emilio Morales, "pese a que su incorporación a la plantilla policial de Chiva es en comisión de servicios desde el pasado 11 de agosto de 2016, comisión que está recurrida en los tribunales por un sindicato policial al incumplir la normativa que obliga a otorgar ese puesto con publicidad de la convocatoria", ha recordado el sindicato.
Tras la suspensión, se encargó un expediente, elaborado por un instructor del Ivaspe, que retiró dos de esas acusaciones "nada más tener conocimiento" del contenido de los hechos y "únicamente" entró a valorar dos posibles infracciones, la de la elaboración de las memorias y la de no vestir de manera habitual el uniforme reglamentario en el ejercicio de sus funciones, han apuntado las mismas fuentes.
Tras retirar esas dos acusaciones --una vez escuchado al perjudicado--, el interventor propuso que el ayuntamiento incorporase "inmediatamente" al funcionario Collado a su puesto de intendente principal jefe de la Policía Local de Chiva con fecha 15 de marzo de 2017.
En los días siguientes, el instructor tomó declaración a 11 testigos, nueve de ellos policías locales de Chiva, para saber si Collado vestía el uniforme reglamentario y requirió al Ivaspe y al Ayuntamiento de Chiva la documentación para comprobar si las memorias habían sido realizadas y entregadas, tal y como defendía el expedientado.
De los 11 testigos, todos, menos dos, coincidieron en que el expedientado vestía siempre de uniforme, salvo en los casos justificados, como es asistir a juicios o tener citas médicas.
Por lo respecta a las memorias, "no sólo" la Generalitat confirmó la elaboración y remisión de ambas memorias, sino que, además, el propio ayuntamiento "se vio obligado a reconocer la existencia física y en soporte informático en la unidad administrativa de la Policía Local de Chiva".
El instructor cerró el expediente el 5 de mayo al no ver responsabilidad en el funcionario y el Ayuntamiento "ha tardado 25 días en emitir la resolución por la que se archiva en todos sus términos el expediente". Por todo ello, "para poner freno a la persecución y acoso laboral", Collado ha anunciado que emprenderá acciones legales para exigir responsabilidades contra el alcalde de Chiva, han informado las mismas fuentes.
"Este hecho es un reflejo de las injustas situaciones de acoso y derribo que están sufriendo muchos jefes de Policía Local en municipios de la Comunitat y que desde Siprojefes hemos venido denunciando reiteradamente durante las reuniones que estamos manteniendo con todos los grupos políticos con representación parlamentaria en las Corts", han apostillado desde el sindicato.