La comisión del Consorcio de Residuos XVII acuerda acatar la sentencia contra la planta de Torremendo

Representantes socialistas vuelven a pedir la paralización del Plan Zonal y dicen que la adjudicación a Cespa-Ortiz está "bajo sospecha"

ALICANTE, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión de gobierno del Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII ha acordado acatar la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante, contraria a la ubicación de la planta de tratamiento de residuos y el vertedero en la pedanía oriolana de Torremendo.

La sesión de la comisión de gobierno, que se ha iniciado sobre las 11.00 horas de este viernes, ha decidido asumir el dictamen judicial, que establece que este proyecto debe recaer en la oferta presentada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por 'Cespa' y 'Ortiz e Hijos' en su 'solución base'.

Esta opción contempla la instalación de las plantas de basuras en el municipio alicantino de Albatera (Alicante), que fue la oferta más valorada por los técnicos, en vez de ubicarse en Torremendo.

La comisión ha tomado esta decisión sin los votos de los representantes socialistas, la alcaldesa de Guardamar, Marylène Albentosa, y el concejal de Pilar de la Horadada Alfonso Armenteros, que han decidido abandonar la reunión "al no estar presentes los técnicos" que participaron en el proceso de adjudicación del Plan Zonal XVII en la misma.

Asimismo, el alcalde de Albatera --PP--, Federico Berná, ha votado a favor del recurso de apelación y ha anunciado durante la sesión que este jueves presentó un recurso a la sentencia en nombre del consistorio albaterense.

El presidente de la comisión y de la junta de gobierno del Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII, José Joaquín Ripoll, ha asegurado que la decisión de no recurrir el fallo del juzgado número 3 de Alicante se toma "tras valorar los informes técnicos elaborados por los servicios jurídicos de la Diputación de Alicante, y por asesorías externas" que desaconsejan plantear el recurso por su "dificultad para prosperar".

En total se han emitido cuatro informes; uno de los servicios jurídicos de la propia institución provincial, otro por parte del técnico de miembro de la comisión técnica del Consorcio y dos procedentes de asesorías externas, uno solicitado por la Diputación y otro por la Generalitat. Tres de ellos han desaconsejado presentar recurso, mientras que uno abogaba por hacerlo.

Por otra parte, Ripoll ha criticado la marcha de los representantes socialistas de la comisión, y les ha acusado de hacerlo "para no tener que pronunciarse sobre el recurso de la sentencia".

JUNTA DE GOBIERNO

El Consorcio del Plan Zonal de Residuos de la Zona XVII también ha celebrado este viernes una reunión de su junta de gobierno que incluía en su orden del día la solicitud, a petición socialista, "de paralización inmediata de la ejecución de obras que pudieran llevarse a cabo, respecto a la planta de residuos del Plan Zonal".

De la junta también se han marchado los miembros del partido socialista, a excepción del alcalde de Benferri, Luis Vicente Mateo, al considerar que el orden del día no incluía todos los puntos que solicitaron por registro de entrada el Consorcio, el pasado 15 de septiembre.

Para Ripoll, la marcha de los socialistas de la junta del Consorcio es "una espantada política que tendrán que explicar, porque no han tenido motivos para irse porque el pleno de la junta se ha convocado".

El 15 de septiembre, los socialistas pidieron, además de la paralización del Plan, que comparecieran ante la junta "todos los técnicos que informaron sobre el proceso de adjudicación del Plan Zonal".

Ripoll ha asegurado que la comparecencia de los técnicos no se ha incluido en el orden del día "porque es un punto ilegal", ya que en la junta "comparecen los políticos y no los técnicos". En este sentido, Ripoll ha destacado que "durante todo el proceso de adjudicación han estado presentes los técnicos".

"Es rocambolesco que los socialistas soliciten una junta de gobierno del Consorcio y se marchen" ha indicado Ripoll, quien a calificado este hecho de "ridículo".

Además, sobre la petición de que se paralicen la ejecución de obras que pudieran llevarse a cabo en el Plan Zonal, el presidente del Consorcio ha afirmado que no se podía acceder a esa petición, "porque actualmente no hay ninguna obra en ejecución".

"Con fecha de 28 de diciembre de 2008 la junta acordó la suspensión temporal total del contrato y del cómputo de los plazos" de la adjudicación, ha apuntado Ripoll, quien ha añadido que "todo está paralizado en tanto en cuanto no se formalicen las modificaciones del contrato".

Así mismo, Ripoll ha destacado que la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante indica "dónde se tiene que ubicar o no la planta", y si al final ésta "se convierte en firme, la junta se reunirá de nuevo para acordar lo que corresponda en base a lo que la sentencia diga".

CAMBIO EN LOS INFORMES

Una vez finalizadas las dos reuniones de los órganos del Consorcio de Residuos, la portavoz del grupo socialista en la Diputación, María Teresa Carbonell, junto al alcalde de Bigastro, Raúl Valerio Medina, y la alcaldesa de Guardamar, Marylène Albentosa, han ofrecido una rueda de prensa en la que han vuelto a solicitar la paralización del Plan Zonal.

Raúl Valerio Medina ha asegurado que la adjudicación de la planta de residuos a la UTE Cepsa-Ortiz está "bajo sospecha" e insistió en la comparecencia de los técnicos en la junta del Consorcio para preguntarles por qué en un primer momento indicaron que "la finca 'La Pistola' no era apta para albergar el vertedero, y seis meses después emitieron un informe en la que decían que sí lo era". Medina se pregunta, al respecto, si este cambio en los informes se debió "a presiones políticas" que pudieran recibir los técnicos.

Por otro lado, preguntados por los medios sobre su postura sobre la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Alicante, por la que la planta de tratamiento de residuos no se situaría en Torremendo, los socialistas han señalado que "no van a entrar en el recurso, porque los errores los tienen que asumir los que gobiernan el Consorcio".