VALNCIA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un grupo de activistas de la Comissió Ciutat-Port se ha concentrado este viernes frente al Edificio del Reloj mientras se celebraba la reunión del consejo de administración en la que se ha aprobado el Proyecto Constructivo del Muelle de Contendedores para la Ampliación Norte del Puerto de Valncia, una infraestructura que a su juicio comportará "graves afecciones" para el medio ambiente y que está "fuera de la legalidad" por tener una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "caduca".
Con la aprobación del proyecto --que ha salido adelante con dos votos en contra del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y el representante de la Vicepresidencia de la Generalitat, ambos de Compromís--, la plataforma ciudadana considera que la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) "cruza una línea roja y declara abiertamente la guerra a la ciudadanía".
Los activistas de la Comissió se han congregado a las puertas de la sede de la APV a partir de las 9.00 horas, mientras se reunía el consejo, y han proclamado consignas como 'Més ampliació, més contaminació' y 'Aire net, port quiet'. Además, han mostrado pancartas con el mensaje de '+Valncia menys port', entre otros.
En declaraciones a los medios, uno de los representantes de la plataforma, David Adri, ha señalado que el proyecto de ampliación norte del Puerto es "una muestra más de cómo actúa la APV, desde el egoísmo, la opacidad y la falta absoluta de transparencia", "todo lo contrario a lo que debe regir a un ente público", y ha subrayado que debería estar al servicio de la ciudadanía y no responder "a los intereses privados de multinacionales como MSC".
El portavoz ha criticado que el informe de compatibilidad con la estrategia marina del Ministerio de Transición Ecológica que avala el proyecto "basa todas las cuestiones ambientales en una frase bastante llamativa", al decir que 'en principio' no tendrá afecciones. Según los informes de la plataforma, "el proyecto tiene graves afecciones no solo porque los megaproyectos como la ampliación forman parte de un modelo que se quiere dejar atrás", sino "porque la DIA es totalmente caduca, se encuentra fuera de la legalidad y la APV se niega en rotundo a revisarla".
Ha recordado que la Comissió presentó un recurso contencioso administrativo para impugnar que la APV sea el órgano sustantivo que decida sobre si se debe realizar una nueva DIA. Un recurso, ha explicado, para el que en "las próximas semanas sino días la Abogacía del Estado debería pronunciarse sobre medidas cautelares". El colectivo reclama que se quite esa calidad de órgano sustantivo y se paralice el proyecto. Además, según añade David Adri, la Comissió se reserva su derecho a llevar a cabo "futuros actos judiciales de cara a impugnar la concesión administrativa y el proyecto", ha remachado.
"UN NUEVO CASO CASTOR"
En la misma línea, la Comissió Ciutat-Port ha expuesto en un comunicado que "Puertos del Estado y ahora, Transición Ecológica, han impuesto serias condiciones y requisitos ambientales, que no estaban ni mencionados en el anteproyecto, ni en el proyecto de la ampliación norte del puerto de Valncia". Ha criticado que la concesión de explotación de la terminal por construir "está comprometida con la multinacional MSC, antes de que el proyecto de la mega-explanada esté resuelto, por lo que se teme un nuevo caso Castor si finalmente se confirma la adjudicación".
La plataforma ciudadana ha cargado contra el "evidente desprecio que muestra la APV por el medio ambiente" y considera que "Interpreta la ley caprichosa y restrictivamente, dando prevalencia al fin sobre los medios; desprecia a la ciudadanía a la vez que atiende complaciente a los lobbies con intereses económicos en el Puerto", ha denunciado.
A su juicio, el informe del Ministerio "obvia" y "contradice abiertamente la "obligación de la Administración Pública de aplicar el principio de acción preventiva en materia medioambiental". "Existen muchas cuestiones que apuntan a la zozobra del proyecto, más incluso que las 21 condiciones o líneas rojas impuestas por el informe de Costas publicado esta misma semana", ha aseverado.
La Comissió, que ha repasado algunas de estas 21 condiciones, ha señalado que un informe de la Universitat Politcnica de Valncia además concluye que los efectos negativos de la ampliación sobre las playas "son irreversibles, pero que cabe continuar con la descabellada ampliación norte porque, ingenuamente, se dice que no caben más impactos de esa nefasta ampliación". "Es como si tras el desastre del Prestige, la universidad hubiese aconsejado convertir la Costa da Morte en un vertedero de chapapote de otros accidentes petroleros, dado que ya el daño era irreversible", ha aseverado.
"Hay numerosas líneas rojas se han traspasado" desde que la Presidencia de la APV la ocupa Aurelio Martínez que "no deberíamos dar por irrecuperables y menos impunemente", y que por supuesto el Puerto de Valncia no debería estar intentando traspasar a toda costa para mantener a flote la innecesaria ampliación norte", ha recriminado la Comissió.
Entre estas líneas rojas ha citado "los límites de lo que se considera espacio portuario, que sus planes ya han traspasado", y ha indicado que el informe de Costas pone de manifiesto la necesidad de modificar la actual Declaración de Espacios y Usos Portuarios (DEUP).
La modificación de la DEUP "venía siendo reclamada por los barrios portuarios hace mucho tiempo para asentar el cambio de uso de espacios portuarios en favor del disfrute de la ciudadanía. Esperemos que no se haga ahora en favor del disfrute exclusivo de las empresas portuarias", ha añadido.
La Comissió se ha preguntado "con estupefacción qué hace un PSOE, cuyos dirigentes se declaran sin empacho en lucha contra la emergencia climática, alineándose con VOX, PP y Ciudadanos" en esta ampliación "qué hace una UGT poniéndose al lado de la patronal cuando hay en juego 500 puestos de trabajo por la automatización de la terminal norte".
A su juicio, "al final de la partida de ajedrez que juega el Puerto de Valncia para conseguir la ampliación norte a toda costa, quien ganará indudablemente" es MSC, ya que "una previsible condena o anulación del proyecto por parte de los tribunales seguro que derivará en una reclamación de responsabilidad patrimonial, pagada con fondos públicos al igual que el caso Castor".