Compromís lleva a Fiscalía 22 docentes de Religión "ficticios" en época del PP que "trabajaban para las diócesis"

La coalición lleva a Fiscalía un supuesto desvío de fondos que podría llegar a 9 millones en las etapas de Català y Font de Mora

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto "nombramiento ficticio" de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que "en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón". Según la coalición este "apaño" podría haber supuesto un desvío de fondos de al menos 9 millones de euros.

Así lo ha explicado en rueda de prensa este lunes la diputada de Compromís Isaura Navarro, quien ha precisado que estos hechos se produjeron durante al menos nueve años y hasta 2014, cuando funcionarios de la Administración pública detectaron la presunta irregularidad e instaron al Ejecutivo del PP a darle cobertura legal.

En ese momento, los responsables de la Conselleria --dirigida entonces por la 'popular' María José Català-- formularon un borrador de decreto en el que apuntaban que el personal asesor técnico docente podría derivarse y prestar servicios en otras administraciones públicas o en las diócesis, un hecho que la Abogacía de la Generalitat calificó de "cesión ilegal de trabajadores", ha apuntado Navarro.

Por este motivo, el decreto fue aprobado en julio de 2015 sin la inclusión de las diócesis y los empleados públicos supuestamente cedidos a las mismas tuvieron que regresar a los puestos de trabajo en los que constaban como profesores de religión en diversos centros públicos de la Comunitat Valenciana. Los docentes que realmente estaban dando clase en los centros educativos fueron reubicados, ha explicado la parlamentaria.

Isaura Navarro ha calificado esta situación, que se ha detectado en las hojas de servicio de las personas implicadas, de "apaño" realizado por anteriores gobiernos autonómicos del PP y ha asegurado que se trata de un caso de "financiación ilegal de la Iglesia Católica". A su juicio, existe una "doble responsabilidad" tanto por parte de los consellers de Educación de los periodos comprendidos, la actual diputada María José Català y el vicepresidente segundo de las Corts Alejandro Font de Mora-- como del actual arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, y los exresponsables de la archidiócesis Carlos Osoro y Agustín García-Gasco, este último ya fallecido.

La diputada ha ironizado al decir que ahora entiende por qué Cañizares "pidió el voto para el PP", porque "están contentos de que les financien 22 puestos de trabajo". "Era personal de la diócesis que se registraba como profesores de Religión", ha denunciado Navarro, quien ha puntualizado que en uno de estos casos, cuando la persona fue informada de que debía pasar a ocupar su puesto en un centro público, señaló que "aparte de estar en la diócesis, despachaba con Català y con Alberto Fabra --expresidente de la Generalitat--, quien necesitaba que siguiera ahí".

1.800€ AL MES

Se trata, según la miembro de la coalición, de un "apaño" que ha costado 9 millones de euros a la Generalitat --"aunque podría ser más"--, ya que durante los 9 años en los que se mantuvieron estos puestos de trabajo, las personas que los ocupaban cobraban como jefes de departamento, por lo que percibían "un sueldo más elevado" de cerca de 1.800 euros netos al mes. No obstante, Navarro ha precisado que "en los centros públicos no les conocían", ya que su lugar de trabajo se encontraba en las diócesis.

"Nadie sabe la labor que hacían en las diócesis", ha afirmado la diputada, quien ha indicado que "habrá que preguntar a los arzobispos". En este sentido, ha agregado que desde estos departamentos "decían que hacían uso de ese personal que les era necesario, sin importarles que no tenían ninguna cobertura legal", ha criticado.

Según Compromís, estos hechos podrían incurrir en delitos contra la Administración pública, contra los trabajadores y de falsedad documental.