El Consell cifra en casi 4,5 millones la exhumación de 300 fosas comunes dentro de la Ley de Memoria Democrática

VALENCIA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

 El pleno del Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana. En la memoria económica que acompaña a esta ley se estima un coste de 4.485.000 euros para la exhumación de las 300 fosas comunes que hay en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha explicado la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, en la que rueda de prensa posterior al pleno del Consell en la que ha comparecido junto a la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, para explicar este anteproyecto de ley.

Bravo, a preguntas de los medios de comunicación, ha señalado que esta ley, a través del Instituto Valenciano para la Memoria Democrático, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas que se creará, "ayudará a todas las familias que lo soliciten a la exhumación e identificación de sus familiares enterrados en fosas comunes".

Para ello, "lo primero que tenemos que hacer es diseñar el mapa de fosas", ha indicado la consellera, quien ha señalado que ya cuenta con el número de fosas que hay en cada provincia: 71 en Castellón, 184 en Valencia y 44 en Alicante.

También ha destacado que la propia ley establece en su memoria económica una primera fase de verificación y delimitación de las fosas, que cuenta con una estimación de 3.000 euros por cada fosa; y en segundo lugar se contempla la exhumación de los restos de las victimas, para que lo se ha considera una cantidad de unos 15.000 euros por cada fosa. Según Bravo, han estimado que las exhumaciones en las 300 fosas sumarían un presupuesto de 4.485.000 euros, al que habría que añadir el coste de la identificación.

La Ley de Memoria Democrática y para la Convivencia pretende otorgar el reconocimiento social, el restablecimiento de la dignidad y el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

El texto se enviará a las Corts, una vez obtenga el dictamen favorable del Consell Jurídic Consultiu. La consellera ha dicho que está "satisfecha" con la norma, aunque confía en que se pueda "enriquecer" durante todo el proceso que seguirá hasta su aprobación.

El objetivo de la ley es promover los valores democráticos mediante el recuerdo y el homenaje a quienes padecieron las consecuencias del conflicto bélico y de la dictadura franquista. De esta forma, el texto se articula sobre varios derechos.

El primero es el derecho a la verdad y, en este ámbito, la nueva ley establece la creación de un censo de víctimas en la Comunitat Valenciana y la búsqueda de las víctimas atendiendo a las recomendaciones de la ONU relativas al desamparo de las víctimas del franquismo.

De este modo, la Generalitat autorizará toda localización, exhumación e identificación de restos y denunciará a la autoridad judicial la existencia de indicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones, identificaciones o hallazgos de restos que se produzcan.

EL DERECHO A LA JUSTICIA

Asimismo, la Ley de la Memoria Democrática consagra el derecho de las víctimas a que se haga justicia y, al respecto, contempla la realización de un protocolo de puesta en conocimiento en el caso de que existiesen indicios de la comisión de delitos y garantizar el derecho de información y asistencia a las víctimas y sus familiares, entre otras acciones.

Por otro lado, la ley pretende impulsar el derecho a la memoria democrática como garantía de que aquellos hechos terribles no se repetirán nunca más. Entre las acciones previstas, destacan que se insta a la Generalitat a que reclame los fondos documentales estatales de aquella época, relacionados con la Comunitat Valenciana y que se impulsen medidas para la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas franquistas.

Además, la Memoria Democrática será incluida en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), del Bachillerato y de la Educación Permanente de personas adultas, así como en los planes de formación del profesorado y en los estudios universitarios que proceda. También se impulsará la realización de proyectos de investigación y divulgación sobre la materia.

Por su parte, el derecho a la reparación y reconocimiento a las víctimas supone, por una parte, la obligación de las instituciones públicas de compensar el sufrimiento de las víctimas y por otra, un reconocimiento y homenaje público hacia ellas.

Así, se declarará como día de recuerdo y homenaje de las víctimas, el día 28 de marzo, en recuerdo del fallecimiento del poeta Miguel Hernández. La norma también recoge la prohibición de la exhibición pública de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática como nombres de calles y lugares, símbolos, títulos honoríficos y placas.

MULTAS DE HASTA 150.000 EUROS

El anteproyecto de ley también incluye un régimen sancionador con multas comprendidas entre los 200 y los 150.000 euros en función de la gravedad de la infracción. También prevé sanciones no pecuniarias de carácter accesorio y consistirán en la pérdida del derecho a obtener subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas en materia de memoria democrática.

La ley, por otro lado, establece que la Generalitat llevará a cabo un Plan Estratégico de Memoria Democrática de carácter cuatrienal en el que se fijarán las actuaciones a llevar a cabo y se realizará un informe anual sobre los trabajos realizados y que será remitido a las Corts. En este sentido, la Conselleria de Justicia ya ha creado una Comisión Técnica de Coordinación para la elaboración de un catálogo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura.

La norma también prevé la creación del Instituto Valenciano para la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, en el que se integrará el Consejo Valenciano de la Memoria Democrática. Este organismo cuenta con una dotación presupuestaria para su puesta en funcionamiento durante el año 2017 de 224.000 euros.

COMISIÓN DE LA VERDAD

Por último, se solicita al Consell que requiera al Gobierno de España la creación de una Comisión de la Verdad, al tiempo que prevé la creación de una de ámbito autonómico.