El Consorci de Museus analizará la sentencia de Pérez Pont para "estudiar medidas" y elevarlas al Consejo General

   VALÈNCIA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los servicios jurídicos del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana van a analizar la sentencia que declara improcedente el despido del que fuera director gerente del órgano cultural, José Luis Pérez Pont, para "estudiar las medidas a adoptar" y elevarlas, posteriormente, al Consejo General.

    Este lunes se ha conocido que el Juzgado de lo Social número 2 de València ha declarado improcedente el despido del que fuera director gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, y condena a la administración a pagarle una indemnización de 26.919,45 euros o readmitirlo, previo acuerdo de las partes. En caso de desacuerdo, se optaría por el abono de la indemnización.

   Así figura en la resolución judicial, que estima en parte el recurso interpuesto por el especialista en arte tras su cese al frente de los organismos culturales de la Generalitat.

    Desde la administración Valenciana remarcan a Europa Press que "se respetan las sentencias judiciales" y apuntan que la sentencia "va a ser analizada por los servicios jurídicos del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana para estudiar las medidas a adoptar y elevarlas al Consejo General para la toma de postura al respecto como órgano colegiado".

   Pérez Pont fue cesado en noviembre de 2023 tras la reunión del Consejo General del Consorci de Museus que había convocado el entonces vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera. Desde la Conselleria de Cultura explicaron entonces que la destitución se llevó a cabo "por irregularidades y mala praxis en su gestión".

   Ahora, en el fallo de la jueza --datado este 7 de abril y contra el que cabe recurso de suplicación ante la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV)--, se aprecia que en la carta de despido del exdirector hubo "absoluta imprecisión" en varias cuestiones que se le atribuyen, como los supuestos contratos en los que habría incurrido en irregularidad.

   "No existe incumplimiento contractual por parte del actor que respalde el despido operado por lo que debe declararse improcedente", señala la sentencia, que fija una indemnización de 20 días de salario por año recibido y hasta un máximo de 12 mensualidades.